El grave problema de la violencia doméstica o intrafamiliar, que ha sido relanzado esta semana en los medios de comunicación social por la impactante noticia del individuo que mató a su mujer, quien era la jefa de la Comisaría de la Mujer, de la Policía Nacional, en Diriomo, departamento de Granada, demuestra sin duda el deterioro de la calidad humana en la sociedad nicaragüense, sobre todo entre los varones.
La violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes, dijo a LA PRENSA la directora de un albergue para mujeres que son víctimas de violencia grave. Y para sostener su aseveración mencionó un estudio que realizó el año pasado el Instituto de Medicina Legal, según el cual la violencia contra la mujer en Nicaragua es ya más que una epidemia, pues hay una tasa de 190 mujeres violentadas en diversas formas, por cada 100 mil habitantes, siendo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como epidemia “cuando ocurren 10 casos por cada cien mil habitantes”.
Sin embargo, en la misma información de LA PRENSA que fue presentada ayer, se recuerda que a inicios de este año la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, dio a conocer que el año pasado se redujo la cifra de mujeres muertas como consecuencia de la violencia intrafamiliar, pues pasó de 22 en 2007 a 18 en el 2008. Por supuesto que la reducción oficial del número de mujeres muertas por la violencia doméstica, no niega que en términos generales este problema se ha agravado, pues en el mismo informe policial de comienzos de año se indicó que las comisarías de la mujer, que pasaron de 25 a 32 el año pasado, atendieron a más de 118 mil mujeres que presentaron denuncias de agresiones intrafamiliares.
Se puede encontrar diversas explicaciones de carácter general a este grave problema humano que ocurre incluso en sociedades altamente desarrolladas. Pero el caso de Nicaragua tiene sus particularidades, que es necesario tomar en cuenta para poder luchar más efectivamente contra la violencia intrafamiliar, que va en aumento a pesar de los esfuerzos que la Policía Nacional está haciendo para combatir tan feo y doloroso delito.
Al respecto es necesario reconocer que a la par del fortalecimiento de los mecanismos institucionales, represivos y asistenciales para combatir la violencia doméstica, también hay que promover la renovación educativa, cultural y ética de los nicaragüenses, cuya calidad humana, en términos generales, se ha deteriorado mucho en los últimos tiempos. En realidad, una nación que tiene de jefe de Estado y de Gobierno a un hombre como Daniel Ortega, sobre quien pesa una denuncia pública de grave violencia intrafamiliar, debe tener también sus valores éticos muy deteriorados. O al menos tal es el caso de los nicaragüenses que lo eligieron. Ciertamente, si se considera que un 38 por ciento de los ciudadanos que emitieron su voto en la elección presidencial del 5 de noviembre de 2006, votaron para que Ortega subiera al poder; y que según la última encuesta de M&R por lo menos un 13.7 por ciento respalda al otro caudillo que pactó con aquel para que volviera a ser Presidente, tenemos que aceptar que una gran parte de los nicaragüenses está por lo menos confundida política y éticamente.
Pero tampoco debemos perder de vista que no obstante el aumento de la violencia intrafamiliar, al grado de que es ya más que una epidemia social, en su mayoría los nicaragüenses tienen un comportamiento normal, y en muchos casos ejemplar, en la convivencia conyugal y familiar. Y que por lo tanto, a pesar de la degradación política y de la corrupción gubernamental que sufre el país actualmente, la cual se refleja inevitablemente en el mal comportamiento social y familiar de muchas personas, lo importante y alentador es que hay en Nicaragua una mayoría de gente honesta.
Ésta es la reserva moral de la nación, la garantía de que alguna vez se podrá realizar en Nicaragua la revolución moral por la que luchó hasta dar su vida Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, para “la eliminación de todos esos vicios y la elevación de nuestra vida social a un plano de dignidad y honestidad”. Es decir, para que la nación pueda salir del abismo de la degradación al que la ha arrojado el caudillismo corrupto y amoral que la desgobierna, y para que no se vuelva a permitir que el poder político y social caiga en manos de personas tan descalificadas como las que gobiernan y cogobiernan actualmente.
