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Managua, 27/05/2012 8:15 AM
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Noticias >> Nacionales
Martha Munguía. (LA PRENSA/B. Picado)
Piden a fiscal agilizar caso
Nueve feministas denunciadas por supuesta apología al delito de aborto, en el caso Rosita, presionan
Una de las denunciadas dice que el proceso estancado en el Ministerio Público viola sus derechos humanos
Elízabeth Romero
nacionales@laprensa.com.ni
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Expedientes van y vienen

Martha Munguía manifestó que le preocupa que ante esa institución han sido ventilados otros casos, pero la denuncia contra las nueve mujeres sigue sin abordarse.

“Queda como que lo tuvieran guardado en la manga de la camisa, como está el país. La institucionalidad se ha perdido, podemos cuestionar la vigencia de los derechos humanos aquí en Nicaragua, y sobre todo contra las mujeres, hay una persecución tácita contra las mujeres”, sostuvo Munguía.

Asimismo manifestó que contradictoriamente aparecen como denunciadas, mientras ellas buscan cómo defender a las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar, que según dijo “se ha vuelto una epidemia”, debido a la tasa de violencia intrafamiliar más alta de América Latina, pues es de 190 por cada 100 mil habitantes.

Las nueve defensoras de derechos humanos contra quienes pende una denuncia en la Fiscalía por el llamado “caso Rosita”, desde hace más de dos años, insistirán en sus demandas ante esa institución para que se pronuncie sobre la misma.

Una de las señaladas en este caso, cuya denuncia fue introducida por la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), fue Marta Munguía, la primera en introducir un escrito ayer ante esa institución, con copia al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.

Munguía estima que se trata de un caso político, del cual “ya hay daños psicológicos, hay daños morales que violan todos los principios y todos los derechos jurídicos y constitucionales del país”.

Munguía rememora en su escrito que el 9 de octubre del 2007 “un ciudadano, no sé si por desinformación o mala intención, presentó una denuncia en mi contra en la institución en la cual ejerce usted dignamente el cargo y de la que hasta la fecha usted no se ha pronunciado”.

La ANPDH introdujo una denuncia en contra de María Luisa Molina Argüello, Juana Antonia Jiménez Martínez, Mayra Sirias, Jamileth Mejía Palma, Violeta Delgado, Ana María Pizarro, Marta María Blandón Gadea, Marta Munguía Alvarado y Lorna Norori Gutiérrez.

Los delitos por los cuales les denunció en ese momento fue por ser supuestamente encubridoras del delito de violación, autoras de los delitos contra la administración de justicia, asociación e instigación para delinquir y apología del delito de aborto, delitos conexos al caso de “Rosita”, a quien en 2003 le fue practicado un aborto terapéutico para suspender un embarazo producto de la violación cometida por su padrastro, Francisco Leonardo Fletes Reyes, en Costa Rica.

Fletes guarda prisión después de un nuevo caso en contra de su hijastra.

YA HAY DAÑOS PSICOlÓGICOS

Munguía indica que toda persona tiene derecho a obtener una resolución en un período razonable.

“Su silencio o no pronunciación al respecto violenta el principio de celeridad procesal que establece nuestro Código Procesal Penal vigente”, hace ver Munguía en su escrito.

“Soy defensora de derechos humanos, condición que ha sido reconocida por Amnistía Internacional, y por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su resolución del 94 período de sesiones de dicha comisión”, entre otros, dice al presentarse ante las autoridades de la Fiscalía, cuya copia fue entregada al fiscal Centeno Gómez.

Munguía dijo que han llevado su denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que lo ha recibido y ha recomendado al Estado de Nicaragua que cese de inmediato la persecución a las nueve defensoras de derechos humanos.

Igual han expuesto este caso ante Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Observatorio Mundial Contra la Tortura, la Organización Mundial Contra la Tortura, que también exigen al Gobierno de Nicaragua que responda por esa persecución de la que están siendo objeto las nueve defensoras de derechos humanos.

Munguía refirió que ese silencio mantenido por la Fiscalía es un silencio que además la desprestigia como institución.

“La declaración universal de los derechos humanos dice que todo proceso tiene un final que no afecte los derechos constitucionales y humanos de las personas”, manifestó Munguía.

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