El gobierno del presidente Daniel Ortega no cesa de producir escándalos que lo ponen en entredicho personalmente y como gobernante, pero también avergüenzan a Nicaragua ante el mundo, sobre todo cuando se trata de hechos que tienen impacto y consecuencia internacional.
Tal es, sin duda, el caso del nombramiento del tailandés Thaksin Shinawatra —un prófugo de la justicia de Tailandia por delitos de corrupción e instigación de sedición—, como “Embajador de Nicaragua en Misión Especial”, un cargo o representación que no existe en el ordenamiento jurídico y diplomático del país, ni tampoco en el de la comunidad internacional, puesto que no figura en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que es la que regula todo lo concerniente a las relaciones y representaciones de y entre los Estados.
Llama la atención que el gobierno de Daniel Ortega informó de pronto sobre ese arbitrario y oscuro nombramiento oficial, hasta después que el Gobierno de Tailandia anunció la anulación del pasaporte de Shinawatra, un personaje de película que comenzó su carrera como agente de policía y llegó a ser el hombre más rico de su país, por lo cual se convirtió también en su primer ministro o jefe de Gobierno, hasta que fue derrocado tras la imputación de graves delitos de corrupción. Al parecer, al dar a conocer hasta ahora el nombramiento de Shinawatra —pero no por medio de Cancillería, sino del Consejo de Comunicación de doña Rosario Murillo— el propósito de Ortega es advertirle al mundo que este individuo puede viajar por donde quiera en su condición de “embajador especial” de Nicaragua, pues para eso cuenta con pasaporte diplomático nicaragüense.
Ante este insólito hecho, es válido preguntarse cuántas y qué clase de personas de otros países portarán actualmente pasaporte nicaragüense, diplomático u ordinario, de lo cual no se sabe, así como no se conocía el caso de Shinawatra y sólo se supo hasta que las autoridades de su país informaron que habían anulado su pasaporte tailandés. Y es razonable la sospecha, considerando que el presidente Ortega es dado a hacer amistades que otros gobernantes que se estiman a sí mismos y honran a sus países jamás cultivarían. Además, hay que recordar que después del primer atentado terrorista contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, ocurrido el 26 de febrero de 1993, las autoridades de Policía encontraron cinco pasaportes nicaragüenses que habían sido expedidos durante el gobierno de Daniel Ortega de los años ochenta. Y después de la explosión, el 23 de mayo del mismo año, del Buzón de Santa Rosa en Managua que era un depósito de armas y documentos de terroristas internacionales, se encontraron centenares de pasaportes de diversas nacionalidades, incluyendo de Nicaragua igualmente librados durante el primer gobierno de Daniel Ortega.
Pero eso es historia, la que mencionamos sólo para refrescar la memoria de aquellos que la han olvidado o para información de quienes no la conocieron. Lo más importante ahora es que el nombramiento del tailandés prófugo de la justicia de su país, como “embajador especial de Nicaragua”, agrega otra mancha de desprestigio a nuestro país y pone en entredicho al Estado nicaragüense, del cual desafortunadamente Daniel Ortega es su representante por ineludible mandato constitucional.
Al respecto cabe destacar que al darle el nombramiento diplomático al tailandés Shinawatra, el presidente Ortega violó la Constitución de Nicaragua en su artículo 130, inciso 30, el cual establece que la Asamblea Nacional debe ratificar a más tardar quince días después de su nombramiento, a los jefes de misiones diplomáticas, con el voto de al menos el 60 por ciento del total de diputados. De manera que la Asamblea Nacional debería anular expresamente ese nombramiento e informar a la comunidad internacional que nunca tuvo validez, independientemente de que la Convención de Viena no reconozca tal categoría de representación diplomática. Y si la Directiva de la Asamblea no lo hace, porque está subordinada a Ortega, lo debería hacer el sector parlamentario que aún queda allí de verdadera oposición.
La verdad es que es muy importante que en medio del desastre institucional que el gobierno de Daniel Ortega ha creado y sigue causando con sus arbitrariedades y disparates, la oposición democrática y la sociedad civil apoyen a los medios de comunicación independientes en su denuncia de los abusos gubernamentales y en su clamor por el respeto a la dignidad de Nicaragua, dentro del país y ante la comunidad internacional.
