Está genial que como maravilla natural de Nicaragua se promueva a la Isla de Ometepe, pero esto a su vez implica un arduo trabajo de apoyo y control de las alcaldías, otras instituciones del Estado, de los nativos y del sector privado local, entre otros.
Esta Semana Santa aprecié muchos turistas nacionales y extranjeros visitando el Oasis de Paz, pero a la vez observé con detenimiento los peligros que ya tenemos a las puertas si los actores antes mencionados no trabajan en función de la protección de este bello lugar.
Es inaceptable que en las apacibles calles o caminos de Ometepe ya se estén registrando accidentes de tránsito (sin mayores consecuencias), pero al fin accidentes. O que algunos salvajes a bordo de sus camionetas hacían alarde de sus vehículos frente a las costas de San Fernando, cerca de Santo Domingo, sin importarles que había veraneantes. O la estridencia que causaban el Sábado de Gloria dos fiestas al aire libre en Altagracia sin la mínima consideración del caserío cercano y del Centro de Salud que estaba a pocos metros de semejantes ruidos. Esto no puede ser, se trate de quien se trate. Esto es inaceptable porque entonces, ¿de cuál Oasis de Paz estamos hablando? En el caso de Ometepe, desarrollo no debe significar destrucción de los activos naturales de la isla. Si quieren discotecas, que las construyan cumpliendo todos los requisitos de ley, de lo contrario, a quien corresponda, que imponga sanciones por incumplir las normas, pero no se debe exponer a la ciudadanía al daño a través del ruido.
El estudio que tiene en su poder la Comisión Intermunicipal de Ometepe abunda en recomendaciones orientadas a resolver una serie de problemas. Es cuestión de que los alcaldes sandinistas de la zona, el Marena, el Minsa, la Policía, el Intur, los empresarios locales, la población en general de Ometepe y cuantas instituciones tengan que ver, retomen los aspectos prioritarios.
No es posible que respecto al tema de la propiedad en cuanto tiene que ver con la proyección y crecimiento de áreas turísticas, se deje suelto. El Estado debería hacer algo para evitar que las comunidades vendan sus tierras por necesidades económicas. Por ejemplo, habilitar créditos para que los nativos cultiven y hagan producir sus parcelas, de lo contrario esas propiedades caerán en manos de personas no autóctonas que, además, se aprovechan de la falta de un ordenamiento territorial. De hecho, algunos “políticos” que como siempre aprovechan oportunidades, tienen sus “tierritas” en la isla.
Otro problema que afectaría a la isla es el concepto de privatización de playas y la construcción de locales, sin contemplar medidas ambientales ni la Ley de Municipios (Ley 40). Esto también es inaceptable. Hay que preservar la propiedad, hacer conciencia de incrementar la convivencia pacífica y la conservación del medio ambiente. Las debilidades de un sistema integral en el Oasis de Paz propician un potencial daño al ecosistema, a la vez que oportunistas adquieran propiedades a bajo precio aprovechando la necesidad económica del nativo.
Por tanto, hay que trabajar en función del Oasis de Paz y hacer mérito al artículo 6 de la Ley 40: “El Municipio, como expresión del Estado en el territorio, ejerce por medio de la gestión y prestación de los correspondientes servicios, competencias sobre materias que afectan su desarrollo, preservación del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades de sus pobladores”.
