En un artículo de opinión publicado en LA PRENSA el lunes pasado (“Cambio de forma de gobierno y reforma constitucional”), el abogado constitucionalista y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Julio Ramón García Vílchez, demostró que para cambiar en forma legal y legítima el sistema de gobierno de Nicaragua, de presidencialista a parlamentario o semiparlamentario, es necesario hacer una reforma total de la Constitución, o sea, convocar a una asamblea constituyente para que redacte y apruebe una nueva Carta Magna. Y para esto se requiere la aprobación de un mínimo de 61 diputados de la Asamblea Nacional.
El ex magistrado García Vílchez sustenta su tesis en una sentencia que la Corte Suprema de Justicia dictó el 8 de mayo de 1995, en la cual dejó establecido que la reforma constitucional “para ser total debería afectar la existencia misma del Estado o la forma de gobierno o su inspiración democrática”. Y es oportuno poner este punto a discusión, ya que la propuesta de reforma constitucional que está planteada públicamente apunta a cambiar el sistema presidencialista de gobierno por otro de carácter parlamentario, para que supuestamente el poder político se divida entre un presidente como jefe de Estado y un primer ministro como jefe del Gobierno.
El que propone tal cambio de sistema de gobierno que afectaría sustancialmente el orden constitucional —como muy bien lo sentenció la Corte Suprema de Justicia y lo ha recordado el ex magistrado García Vílchez—, es el FSLN, pero al parecer todavía no lo ha amarrado o consensuado con su “socio perfecto” para estos menesteres de reformas a la Constitución y repartición del poder, que es obviamente el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Lo que se ha podido inferir al respecto es que la cúpula del PLC sólo estaría dispuesta a pactar con Daniel Ortega y el FSLN, una reforma constitucional que permita la reelección a quien ya hubiera ejercido la presidencia dos veces, pero no la reelección en períodos consecutivos como quieren los orteguistas. Es decir, que el PLC le daría a Daniel Ortega una reforma constitucional para que se pueda reelegir, pero hasta en el año 2016, no para el período de 2012 a 2017 que supuestamente le correspondería al ex presidente liberal y ex reo Arnoldo Alemán.
Como se sabe, en lo que se refiere a reelección presidencial la Constitución de Nicaragua contiene dos prohibiciones expresas, ambas en el artículo 147. Una es la de que nadie puede ser Presidente en dos períodos consecutivos. Y la otra, que quien ya fue presidente dos veces no puede volver a ser nunca más. Esta segunda prohibición es la que el PLC estaría dispuesto a aceptar que se suprima de la Constitución, manteniendo sin embargo la prohibición de la reelección en períodos consecutivos, para que Daniel Ortega no pueda ser candidato en el 2011 y Arnoldo Alemán tenga la posibilidad de cumplir su gran sueño de volver a ser Presidente de Nicaragua.
Por otra parte, hasta donde se ha podido saber no todos los diputados del PLC estarían dispuestos a aprobar una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial en cualquier forma, ni para cambiar el sistema de gobierno de presidencialista a parlamentario o semi parlamentario. Pero eso no significa que no se pueda aprobar la reforma constitucional, pues el FSLN, a pesar de que sólo tiene 38 diputados propios y se necesitan 56 para aprobar la reforma constitucional parcial, con los diputados independientes y los “disidentes” o “resentidos” de la oposición, de hecho ya tiene asegurados los votos indispensables. Y si todavía no los tiene, le faltan muy pocos para conseguirlos.
Tampoco hay que perder de vista que el FSLN y sus aliados parlamentarios podrían hacer pasar como reforma constitucional parcial un cambio de sistema de gobierno, pues aunque la Corte sentenció que para eso se necesitaría aprobar una nueva constitución, Daniel Ortega y el FSLN son capaces de hacer cualquier barbaridad jurídica o política. Hay que estar claros de que detrás de la reforma constitucional está el objetivo de imponer “legalmente” un régimen totalitario para siempre, lo que significaría terminar con la democracia y la libertad de todos los nicaragüenses, inclusive de los tontos útiles e inútiles, de los compañeros de viaje y los demócratas vendidos y resentidos. Quien no quiera creerlo que recuerde lo que ocurrió en Nicaragua en los años ochenta, o que vea lo que está ocurriendo ahora en Venezuela.
