Los 2 mil 30 millones de córdobas en bonos del tesoro que la Asamblea Nacional autorizó emitir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en el presupuesto aprobado el miércoles, claramente aumentarán con su eventual emisión la deuda interna del país, que al 2008 era de 1 mil 89 millones de dólares (unos 22 mil 324 millones de córdobas), según el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Los analistas Claudia García Rocha y Simeón Rizo, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), dijeron a LA PRENSA que esta autorización de la Asamblea podría haberse evitado si la comisión económica hubiera considerado la reducción en varios de los gastos burocráticos del Gobierno, como mantenimiento o remodelación de edificios y mayor consumo de telefonía celular y convencional nacional, entre otros.
García agregó que el país incurriría en un mayor endeudamiento externo si la falta de recursos para cubrir gastos en áreas sensibles de educación, por ejemplo (que se reducen este año en unos 49 millones de córdobas), se cubren con préstamos de organismos o cooperación externa, que el Gobierno dice que va a gestionar.
“Si fueran donaciones estaría bien, porque sería indicio de que la cooperación internacional recupera la confianza en el país, pero si son préstamos se traduciría en una mayor deuda pública externa”, dijo García.
QUIÉN COMPRARÁ BONOS
Rizo agregó que, en el caso de los bonos del tesoro, cabe preguntarse quién los comprará.
Los partidos políticos de la oposición han insinuado que éstos podrían ser adquiridos con fondos venezolanos o incluso del Seguro Social, porque el sector privado habría perdido el interés en bonos que el Gobierno se atrevería a refinanciar, como ha ocurrido.
Sin embargo, Rizo estimó que aún cuando estos bonos fueran adquiridos por bancos privados, ése sería un dinero que no se invertiría en préstamos u otras inversiones.
García y Rizo también criticaron que la Asamblea haya aprobado el presupuesto de este año hasta en abril, cuando la ley obliga a hacerlo en el primer trimestre y sugirieron que para el siguiente año no sólo se involucre a la comisión económica, sino que se invite a las comisiones específicas de los sectores en discusión, como Salud y Educación, siquiera para que expresen sus puntos de vista al respecto, aunque la ley restrinja la aprobación a la comisión económica.
