A ltos mandos de la Policía Nacional se disgustaron porque LA PRENSA publicó un amplio trabajo informativo de la periodista Elizabeth Romero, sobre las penurias que sufren los policías de base, incluyendo maltrato de sus superiores, tal como lo denunciaron algunos de ellos mismos que pidieron no ser identificados pero fue corroborado por funcionarios de las comisiones independientes de Derechos Humanos: el Cenidh y la CPDH.
Sin embargo, esa investigación periodística fue motivada por la propia jefa de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, quien el lunes 9 de marzo recién pasado “estimó injusto que se juzgue a la institución policial por una actuación incorrecta, cuando anualmente registra entre tres y cuatro millones de actuaciones”. E informó que los policías “están siendo sacudidos por un recorte presupuestario que ataca rubros sensible para ellos, como es la alimentación”. “Es decir, tienen que comer tres veces al día (con) cuatro córdobas por tiempo (...) y aquí no ha habido un policía ni una policía que me diga: yo no salgo a la calle porque estoy mal comida”.
Tales declaraciones de la jefa de la Policía Nacional se produjeron cuando ella se defendió ante los periodistas, de los señalamientos de que los policías no habían cumplido su deber de proteger a los manifestantes pacíficos de la sociedad civil que fueron agredidos por partidarios del FSLN y del Gobierno armados con piedras y morteros, durante las marchas cívicas del sábado 28 de febrero. En esa ocasión los simpatizantes oficialistas dispararon morteros contra los manifestantes pacíficos ante la vista, tolerancia y tácito consentimiento de los policías, cuya obligación, de acuerdo con la ley, es decomisar esas armas explosivas y proteger a los ciudadanos agredidos.
Por cierto que aquellas declaraciones de la Primera Comisionada Granera motivaron un amplio debate, en el cual quedó claro el reconocimiento público a sus esfuerzos personales en defensa de la profesionalización institucional de la Policía. Y se reconoció que precisamente por defender el profesionalismo y apoliticismo de la institución policial, la Primera Comisionada Granera está siendo víctima de presiones del presidente Daniel Ortega, quien al parecer la ve como un obstáculo a su intención de repartidarizar la Policía y ponerla al servicio del proyecto de restaurar y perennizar la dictadura en Nicaragua.
A partir de las pistas que dio Granera sobre las penurias que sufren los policías de base en el cumplimiento de su deber, la investigación periodística de Elizabeth Romero descubrió que en realidad ellos no sólo tienen que comer tres veces al día con cuatro córdobas (veinte centavos de dólar, para quienes nos leen en el exterior), sino que también soportan el aumento de las cargas horarias de trabajo, la falta de suficientes recursos técnicos para el desempeño de sus labores, el bajo salario, las deducciones de sus escasos sueldos y, de remate, el maltrato de sus superiores.
El propósito de LA PRENSA con las investigaciones e informaciones sobre las penurias de los policías de línea y los maltratos que sufren de parte de algunos de sus jefes no es, por supuesto, molestar a los mandos policiales, sino compartir la preocupación que la Primera Comisionada Granera Sacasa hizo pública ante la mala situación material de sus subordinados, y ayudarla a hacer las correcciones necesarias, cual es en realidad el objetivo de toda información y denuncia periodística de problemas sociales y excesos en el ejercicio del poder.
Es más, aparte de reconocer y corregir las penurias que sufren los policías de base, la Policía Nacional debería informar públicamente sobre los sueldos y complementos salariales que reciben su altos mandos. De esa manera se podría hacer una correcta relación comparativa con la situación salarial de los policías de base y ayudarle a la institución a resolver el problema de una probablemente injusta asignación de los recursos públicos para el gasto corriente de la Policía Nacional. Tal vez allí está la causa de la deserción de no pocos policías de a pie que hay actualmente, mientras que los comisionados más bien se resisten a ser retirados del servicio.
Si fuera el caso de una empresa privada de vigilancia y seguridad, datos como esos no serían del interés público, pero tratándose de una institución estatal que es financiada con los impuestos de los ciudadanos, tenemos derecho a conocerlos. Además, la transparencia es la base de la confianza y las cuentas claras son las que conservan las amistades.
