El fraude electoral del año pasado ha agravado o, por lo menos, evidenciado, una vez más, la crisis general que padece el Estado nicaragüense. Sin embargo, también ha dejado importantes lecciones que podrían convertirse en excelentes oportunidades para empezar a resolver los principales problemas que nos aquejan.
Ha quedado claro que estamos enfrentados a un modelo político autoritario y corrupto. Este modelo no es sólo del partido de gobierno, sino también del pacto entre las cúpulas del FSLN y del PLC.
Sin la imposición arbitraria del calendario electoral, sin el despojo del ALN a sus legítimas autoridades, sin la decapitación del MRS y del PC, sin la participación ilegal de AC y sin el veto a observadores independientes, entre otras muchas anomalías que ocurrieron, sencillamente no se hubiera producido el fraude. Y todas estas decisiones se tomaron por el órgano colegiado Consejo Supremo Electoral integrado exclusivamente por magistrados del FSLN y del PLC. Es decir, las condiciones del fraude se venían preparando desde mucho tiempo atrás por quienes orientan a sus “delegados” en todos los poderes del Estado. Vale recordar que, de la misma manera, desde ya se están preparando las condiciones del próximo fraude con la persecución al PLI disfrazada de control a todos los partidos políticos.
La publicación de los resultados electorales en La Gaceta antes que los diera a conocer el CSE pone de manifiesto que éste, pieza de un engranaje más amplio, no es más que el ejecutor de las decisiones que se toman en otro nivel.
En efecto, las dos cúpulas pactistas son las que verdaderamente han diseñado un Estado integrado, además de por este CSE fraudulento, por una CSJ infestada de nepotismo, arrogancia e impunidad; por una Asamblea Nacional cuyos diputados se acusan recíprocamente de los más inmorales comportamientos y por una CGR que en sólo dos años le ha autorizado al Gobierno la contratación directa por más de siete mil millones de córdobas, el triple de lo que se autorizó en todo el período del ex Presidente Enrique Bolaños. Y no olvidemos que el Gobierno ejecuta menos de la mitad de los presupuestos de sus programas estrellas con todo y el uso no transparente de los fondos de la cooperación externa y la vista gorda con que lo favorece la CGR.
Es bueno señalar que nadie quiere derrocar al Gobierno, pero tampoco se quiere apoyar a un Gobierno que califica de enemigos a la mitad de sus conciudadanos y considera más importante asegurar su reelección que enfrentar con visión de nación los graves problemas económicos que se nos vienen encima.
Así, pues, de la misma manera que el Mitch evidenció el alto grado de vulnerabilidad social en nuestro país, el fraude electoral terminó de destapar las vergüenzas de un Estado que cada vez lo es menos para sus ciudadanos y cada vez más se convierte en una mera burocracia al servicio de dos grupúsculos parasitarios.
Para mantener este modelo, lo ilegítimo se maquilla como legal, lo ilegal se presenta como necesario o justo y lo injusto se impone a fuerza de pedrada o de cosa juzgada. Definitivamente, con o sin crisis mundial, en este sistema no hay pueblo que salga adelante.
Ante esta situación, las tareas por hacer son relativamente fáciles de determinar. Primero, mantener la denuncia universal frente al fraude. La historia lo recogerá, aunque algunos no quieran darle ni la cara a los historiadores.
Segundo, trabajar por la unidad y movilización de todos los sectores verdaderamente opositores al sistema oprobioso que padecemos. La unidad bajo la cúpula del PLC fue un engaño. Divididos perdieron las elecciones del 2006 y unidos “perdieron” las elecciones del 2008. La razón es que esta cúpula prefiere fortalecer a sus supuestos adversarios antes que permitir el surgimiento de nuevos liderazgos. Por eso eligieron tal Junta Directiva en la Asamblea Nacional, por eso José Rizo no ocupa su escaño parlamentario y por eso se le está pidiendo al PLI el oro y el moro.
Finalmente, es indispensable sepultar el cadáver del sistema electoral. Y no se trata de sustituir a los “traidores” magistrados a y b por los “disciplinados” magistrados c y d respetando las nefastas cuotas partidarias, sino de hacer las reformas legales indispensables e integrar un CSE confiable para todos. La tarea institucional más importante es la reforma del Poder Judicial, pero la más urgente es la reforma del Poder Electoral. Éste es el primer paso para ir desmontando el pacto e ir creando las condiciones que nos permitan recobrar la decencia nacional y la reconstrucción del Estado nicaragüense. Esta vez sin armas, amnistías ni gobiernos desde abajo. En estas tareas cabemos todos, incluso las bases del PLC y del FSLN.
