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Ministro de Salud niega cacería contra dispensarios El ministro de Salud, Guillermo González, aseguró ayer que no existe intención de controlar o cerrar los dispensarios administrados por la Iglesia católica y que las medidas tomadas en Juigalpa son controles de rutina. “En ningún momento tenemos la menor intención de controlar lo que hacen en sus unidades (la Iglesia). Lo que tratamos de establecer son coordinaciones para que cada vez más en estas unidades vayamos utilizando las mismas normas y programas, de tal manera que la población puede obtener los mejores beneficios”, dijo el ministro, que admitió no estar al tanto de lo ocurrido en Juigalpa. Para el obispo René Sándigo, “esto deja entrever una serie de presiones como para que fracase algo que ha prestado un servicio grande a la sociedad”. El director del Silais de Juigalpa, Juan Bautista Hernández, quien firmó la medida que da tres meses a los dispensarios para que cierren, se trasladen o se instalen como farmacias, continuó sin responder al Diario. El secretario general del Minsa, Enrique Beteta, también dijo que trabajan con éstos “de manera coordinada”, enviando médicos para atender a la gente. Mientras, el diputado sandinista Gustavo Porras siguió defendiendo la compra del Laboratorio Ramos hecha por el INSS y aseguró que “fue transparente”, aunque no explicó por qué no se enteró a la Contraloría. Roberto Pérez Y Lucydalia Baca

El Obispo de Estelí y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Abelardo Mata, aseguró que el Gobierno que preside Daniel Ortega pretende “crear un mecanismo de dominio sobre el pueblo”, al querer controlar el mercado de las medicinas, que representa unos 120 millones de dólares al año en el país.

El Obispo reaccionó así a una consulta de LA PRENSA sobre el interés que tendrían funcionarios locales de Juigalpa para cerrar, desplazar u obligar a los dispensarios médicos que maneja la Iglesia católica en ese departamento del centro del país a operar como farmacias, según el Obispo de ésta y secretario de la Conferencia Episcopal, René Sándigo.

Según Mata, la medida “es un daño al pueblo”, porque los pobres no tienen otra opción para obtener medicinas baratas.

“Si un Estado ya es capaz y autosuficiente, pues la Iglesia busca otros espacios de servicio —dijo el Obispo—, pero conforme están las cosas en Nicaragua, empezar a prohibir (los dispensarios) creo que más bien es todo lo contrario, no es apoyar al pueblo, sino pretender ahogarlo y naturalmente las voces aquellas que se alzan en beneficio”.

Mata recordó que desde los años ochenta se ha argumentado a nivel mundial que “los Estados no son empresarios” y consideró que ahora con Ortega “volvemos otra vez hacia atrás”, al criticar también la compra de los Laboratorios Ramos con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

El Obispo dijo que “indudablemente” hay una relación entre la compra de laboratorios médicos y el interés local en los dispensarios católicos. “Pienso que esto es una manera de crear un mecanismo de dominio sobre el pueblo que está hambriento y empobrecido, dado que no se presenta una capacidad empresarial en el Gobierno que tenemos en la actualidad”.

Los diputados de Chontales por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Ramón González, y la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Elman Urbina, coincidieron en que la medida contra los dispensarios revelaría que el Gobierno quiere acaparar el mercado de las medicinas y distribuir éstas a precios menores, desplazando a la Iglesia y perjudicando a los pobres.

El diputado sandinista para el mismo departamento, Douglas Alemán, no coincidió con sus colegas en los intereses que tendría detrás el Gobierno, pero reconoció la importancia y necesidad de los dispensarios.

Alemán instó a que “se platique para solucionar el problema” y que la Iglesia tal vez nombre un regente para vigilar los dispensarios, dijo.

Pero, en realidad, la Ley de Medicamentos y Farmacias establece en su artículo 59 que en los puestos de venta de medicamentos, como los dispensarios de carácter social, “no es necesaria la presencia de un regente”.