SANTIAGO DE CHILE. - El Consejo de Defensa del Estado (CDE) prepara demandas contra los bancos estadounidenses que facilitaron que el ex dictador Augusto Pinochet ocultara una fortuna de 27 millones de dólares, según un decreto publicado en la gaceta oficial.

El CDE, cuya labor es resguardar los intereses del Estado, fue encomendado para "obtener la indemnización de los daños causados por las actuaciones y omisiones vinculadas a la administración de las cuentas corrientes bancarias e inversiones" investigadas judicialmente en Chile por el juez Carlos Cerda.

Según el decreto publicado en el Diario Oficial del viernes, el CDE quedó facultado para desarrollar "negociaciones prejudiciales" y "acciones judiciales, administrativas o cualquiera de otra índole que permita la legislación (estadounidense)".

En julio de 2004 una comisión legislativa estadounidense descubrió cuentas bancarias de Pinochet, a su nombre y bajo alias, en el banco Riggs de Washington, que bordeaban los 10 millones de dólares, además de empresas de papel creadas en paraísos fiscales.

Luego el juez Cerda estableció que otros bancos en los que hubo dineros de Pinochet fueron el Espirito Santo, Citibank, Santander, Banco Chile de Nueva York, Coutts de Miami y Atlantic, todos en Estados Unidos, según los datos disponibles hasta 2007.

Cuando Pinochet estuvo detenido en Londres, por petición del juez español Baltazar Garzón que intentó sin éxito extraditarlo a Madrid, también tuvo dineros en la sucursal británica del Riggs.

Hasta el día de hoy no se ha establecido con certeza de dónde sacó su fortuna, que según sus abogados, es producto de ahorros e inversiones, aunque las investigaciones judiciales señalan hacia los dineros para gastos reservados de la sede de gobierno.

Cerda estableció que Pinochet llegó a acumular 27 millones de dólares en cuentas a su nombre y alias.

Pinochet alcanzó a estar bajo arresto domiciliario encausado por cargos de fraude al fisco, evasión de impuestos y uso de pasaportes falsos para abrir más de un centenar de cuentas corrientes en el exterior --sin contar un par de juicios por violaciones a los derechos humanos-- pero su muerte en diciembre de 2006 llevó al cierre de los procesos respecto a su persona, no a otros presuntos involucrados.

El abogado Pedro Martínez-Fraga, de la firma estadounidense Squire, Sanders & Dempsey L.L.P, contratado por el CDE en 2005, anticipó el año pasado que había suficientes datos para llegar a un arreglo prejudicial o para demandar.