La junta directiva del parlamento detuvo ayer el trámite a un Decreto de Estado de Emergencia Económica enviado por el Poder Ejecutivo, debido a “omisiones” y contradicciones con la Constitución y las leyes, informaron ayer los diputados Javier Vallejo y Wilfredo Navarro.

La semana pasada el presidente Daniel Ortega y el Consejo de Ministros decretaron un Estado de Emergencia Económica, a través del cual intervinieron a la distribuidora de gas butano Tropigas, supuestamente para evitar un desabastecimiento del producto.

Los diputados miembros de la junta directiva consideraron ayer que Ortega falló en varios puntos con el Decreto de Estado de Emergencia y le ordenaron enmendar los errores.

El más delicado, indicaron Vallejo y Navarro, es que las autoridades del Ejecutivo no precisan cuáles son las garantías suspendidas.

“El decreto no cumple con la Ley de Emergencia, que en su artículo tres, numeral dos, dice que el decreto deberá expresar los derechos y garantías que se suspenden y este decreto no habla de ningún derecho ni garantía que se suspendan, o sea prácticamente queda abierto, no sabemos si se van a suspender todos los derechos y garantías de los ciudadanos o qué”, alertó Vallejo.

El diputado agregó que se envió a reparar el documento para no sentar un mal precedente y que en el futuro se vayan a cometer abusos.

¿A CUENTA DE QUÉ FIRMA MURILLO?

Un segundo aspecto es que la primera dama Rosario Murillo y la secretaria del Ministerio de Defensa, Ruth Tapia, firmaron el decreto, sin formar parte del Consejo de Ministros.

Vallejo sostuvo que tampoco está demostrado que existan condiciones “extremas” o que el Ejecutivo haya escuchado a toda la cadena involucrada con la distribución de gas butano, como lo exige la Ley de Suministro de Hidrocarburos.

Entre martes y jueves los diputados recibirán en el plenario a las autoridades del Instituto Nicaragüense de Energía, Tropigas y del Ejecutivo, para conocer al detalle las condiciones de la distribución del gas butano y así decidir si ratificarán, modificarán o rechazarán el Decreto de Estado de Emergencia Económica que debe enmendar el presidente Ortega.