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Urge Ley de Colegiación El abogado Carlos Arroyo explicó que mientras no se apruebe la Ley del Colegio de Abogados en la Asamblea Nacional, no se puede depurar del gremio a los abogados corruptos. “Recuerde que la Corte Suprema tiene como función también regular el ejercicio profesional. Yo tengo pruebas que la Corte se ha excedido en resoluciones que no están de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando suspenden a abogados, de tal manera que también nosotros estamos esperando que la Asamblea Nacional apruebe la Ley del Colegio de Abogados, para así nosotros tomar medidas sobre el comportamiento de los profesionales del Derecho”, dijo Arroyo. Según Arroyo, el proyecto de Ley de Colegiación de Abogados está en la “tubería” de la Asamblea Nacional.

Decisiones políticas Carlos Arroyo, secretario nacional de la Barra de Abogados, dijo que quieren quitar el control de los abogados a la CSJ en parte porque los magistrados toman decisiones de carácter político. “Nosotros, además de que queremos abogados honestos, queremos funcionarios honestos, capaces y que no sean funcionarios políticos”.

Dos abogadas se encuentran detenidas en la Policía de Boaco, señaladas de falsificación de escrituras en conflictos de propiedad, según informó el subcomisionado Antonio Picado.

Se tratan de Claudia Vásquez Pérez y María Narváez Pereira, quienes, según el subcomisionado Picado, fueron detenidas en Managua y trasladadas a Boaco para responder “por casos diversos aquí en Boaco, sobre temas de propiedad, por supuestamente falsificar escrituras”.

Ambas mujeres se encuentran a la orden del Juzgado Distrito de lo Penal de Juicio, según añadió el jefe policial de Boaco.

En el caso de Vásquez y Narváez, la Procuraduría General de la República (PGR) averigua sobre la detención, pero sí se conoce que investigan principalmente a Vásquez.

A inicios de este año 2008, el directivo del Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Francisco Rivera Aguirre, “El Gato”, sugirió que entre los primeros investigados por supuesto tráfico de tierras sean la ex notario del Estado, Morena Avilés, quien ya guarda prisión, y la abogada Claudia Vásquez, a quienes acusa de encabezar una estructura que negociaba con las tierras que el Estado le dio a los desmovilizados de la ex Resistencia.

Pero Vásquez negó rotundamente las acusaciones de Rivera.

Las detenciones de Vásquez y Narváez se dan después que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informara que se han presentado más de 680 quejas, en contra de abogados y notarios por mal servicio y anomalías, por parte de la ciudadanía.

EN DESACUERDO

Carlos Arroyo, secretario nacional de la Barra de Abogados de Nicaragua, fustigó la información brindada por la Corte, alegando que: “(Los abogados) no somos santos, pero en un noventa por ciento (somos) abogados honorables”.

Arroyo indicó que reunirá a las cinco agrupaciones de abogados que existen en el país, para analizar el informe de la Corte, así como un reporte de LA PRENSA de este lunes, para emitir un comunicado.

Explicó que la retardación de justicia no es culpa de los abogados litigantes, sino del sistema judicial, como en Managua, donde el nuevo Modelo de Despacho Judicial todavía causa perjuicios a los usuarios de la justicia.

Arroyo admitió: “Usted bien sabe el refrán que dice ‘de todo hay en la viña del Señor’, y no solamente aquí (Nicaragua), yo he estado en otros países donde también a los abogados se les cuestiona fuertemente”.

Según el informe de la CSJ, en los últimos tres años sólo se ha suspendido a cuatro abogados que han sido denunciados por la ciudadanía, y también se ha impuesto multa a otros 77 abogados.