El Gobierno de Raúl Castro emprendió medidas para frenar el robo y la especulación con los alimentos, y encarar la escasez que se avecina tras la devastación que dejaron los huracanes Ike y Gustav.
“No está previsto el incremento de precios de ningún bien de primera necesidad, normado, de venta liberada u ofertado en las tiendas recaudadoras de divisas”, señaló una nota publicada ayer en el diario oficial Granma.
El anuncio oficial precisó que desde ayer se mantendrán en los mercados agropecuarios estatales —muy subsidiados pero donde la variedad de la oferta es limitada— los precios acordados por las autoridades de las provincias y que tienen un tope.
Para los mercados agrícolas que operan bajo la ley de la oferta y la demanda, más abastecidos, con precios más altos y donde los campesinos venden sus excedentes productivos —tras entregar una cuota al Estado— se “establecerán provisionalmente como precios máximos los existentes antes de los huracanes para un grupo de productos básicos”, indicó.
Los cubanos acuden regularmente a ambos mercados para completar una canasta básica que, aunque a precios muy subsidiados, resulta insuficiente, y tras el impacto de los ciclones, el precio de algunos productos agrícolas comenzó a dispararse, provocando malestar y fuertes quejas de la población.
La nota oficial también dejó claro que “están garantizadas las importaciones planificadas de cereales, granos y otros productos, pero que “se contratan con celeridad” otras compras “ante la reducción temporal en la oferta de frutas que existirá en los próximos meses”.
Cuba importa el 80 por ciento de los alimentos que consume y este año destinará 2 mil 500 millones de dólares a esa compras, 1 mil 100 millones más que en 2007, pero tras el impacto de Ike y Gustav, que dejaron pérdidas por 5 mil millones de dólares, se prevé que las necesidades serán mucho mayores.
Las autoridades también iniciaron un combate contra el robo de recursos del Estado, desatados sobre todo en las zonas más afectadas por los huracanes.
