Con este mismo título publicamos el lunes 29 de septiembre de 2003, un comentario editorial sobre la primera celebración que se hizo del Día Internacional del Derecho a Saber, instituido en 2002 por una asamblea de la Red de Defensa del Derecho a la Información que se celebró en Bulgaria. Señalamos entonces que tal celebración tenía “el propósito de reconocer la importancia de este elemento esencial de la vida democrática, y estimular acciones como el derecho a buscar, recibir y difundir información libremente, reconocido en casi todas las Constituciones Políticas latinoamericanas, así como en los tratados internacionales”.
Dijimos en aquella ocasión que para Nicaragua la celebración del Día del Derecho a Saber era muy importante, porque a pesar de que había un gobierno democrático, “ese derecho no se respeta ni se cumple, muchas veces con el pretexto de que no hay una ley que reglamente su aplicación. Por eso es que una ley que garantice el ejercicio del derecho de todo ciudadano a solicitar información y el deber de la autoridad de brindarla, constituye hoy un reclamo fundamental de la sociedad nicaragüense”. Sin embargo, también advertimos que “hay que estar claros de que si se aprueba una ley de acceso a la información debe ser para que se cumpla de verdad…”
Cinco años después, debemos decir que ahora la situación de Nicaragua es al revés, pues tenemos una Ley de Acceso a la Información Pública pero no hay en el país un gobierno democrático. De manera que por una parte estamos mejor, porque ya contamos con una Ley de Acceso a la Información Pública, pero por otro lado estamos peor, porque ahora tenemos un Gobierno antidemocrático y por lo tanto esa ley está quedando en poco más o menos que papel mojado.
Al respecto, en ocasión de haberse celebrado ayer el Día Mundial del Derecho a Saber, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro dio a conocer un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública desde que entró en vigencia a comienzos del presente año. Según dicho informe, “de 22 solicitudes de información hechas por periodistas entre enero y julio del 2008, en 16 instituciones estatales”, sólo tres “fueron respondidas en tiempo y forma; es el caso de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Educación”. Añade el informe que “cuatro (solicitudes) fueron respondidas con entrega parcial de información por la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud e Instituto Nicaragüense de Energía”; y siete no tuvieron respuesta alguna del Instituto Nicaragüense de Cultura, Dirección General de Aduanas, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Empresa Nicaragüense de Electricidad, Ministerio de Relaciones Exteriores y Consejo de Comunicación y Ciudadanía. También dice el informe que el Ejército, el Ministerio de Gobernación y la Contraloría negaron la información solicitada; el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos ni siquiera recibieron las solicitudes de información; el Instituto Nicaragüense de Energía entregó información distinta a la solicitada; y en la Corte Suprema de Justicia se le dijo al solicitante de la información, que la buscara en la página web de esa institución.
Además, aparte del incumplimiento de la Ley, el Gobierno de Ortega en vez de política de información tiene una estrategia de propaganda. No sólo niega la información puntual que se solicita formalmente, sino también la comunicación de sus actividades, que sólo la da a los medios oficialistas para que la presenten como propaganda. Sin embargo Ortega acusa a los medios independientes de que no informan sobre los “logros” de su gobierno.
El derecho a la información, igual que todos los demás derechos democráticos, no cae del cielo ni se debe esperar de la buena voluntad del gobernante. Hay que conquistarlo con la lucha diaria y sistemática. Como dice el lema de una de las organizaciones que velan por los derechos humanos: derecho que no se defiende es derecho que se pierde. De modo que hay que luchar porque se cumpla la Ley de Acceso a la Información, aunque le disguste al gobierno de Daniel Ortega que es un enemigo mortal de la democracia y la libertad.
