Diferentes representantes del Gobierno y ahora el mismo compañero comandante pueblo presidente Daniel están viendo con desdén la observación electoral.
Tienen un argumento bastante absurdo para hacerlo: “Aquí ha habido 17 elecciones y nunca ha habido problemas de fraude”, dice más o menos el argumento. O sea, según ellos, ya en cuestión de elecciones estamos “graduados”.
La verdad es que no es cierto que no ha habido fraude. En las elecciones municipales del 2004, el ejemplo más claro de fraude fue Granada, aunque hubo otros. Y en las elecciones del 2006 nunca quedó clara una diputación en el Triángulo Minero, además, quedó en el limbo el ocho por ciento de los votos nacionales.
Pero, además, tenemos razones para creer que las cosas no han sido peores, especialmente en las últimas dos elecciones, precisamente porque ha habido una muy beligerante observación nacional.
Sin embargo, dentro de la mentalidad mafiosa es “comprensible” que ahora la observación se vea con desdén. ¿Quién quiere que lo vean robar? ¡Nadie!
¿O es que existe alguien que piense que hay la mínima garantía de que tendremos elecciones limpias en noviembre, cuando hay un Consejo Supremo Electoral controlado por un solo partido; cuando todos los CED y los CEM están conformados por miembros del Frente Sandinista y por sus comparsas, que son micropartidos que llenan sus cuotas con militantes sandinistas?
Como si eso de que se pudieran robar olímpicamente las elecciones no fuera suficientemente preocupante, la ausencia de una observación profesional, entrenada y responsable es la garantía para que el nueve de noviembre se desate el caos.
Ya hay gente hablando de “observación ciudadana”. Nada más peligroso, pues eso no es más que observación partidaria, y si los liberales organizan a sus observadores, los Consejos del Poder Ciudadano (léase, orteguismo) indudablemente tendrán los de ellos. ¿Alguien duda de que lo sucedido en León no se va a multiplicar por todo el país ante una situación así?
Los ánimos ya están caldeados, ya hubo este año violencia en las urnas y eso que sólo se trataba de la verificación. También hubo violencia en las calles: en Bilwi y en León, donde lo único que se pretendía era marchar pacíficamente, algo que el orteguismo se niega a permitir. Ahora imagínense qué va a pasar en una Junta Receptora de Votos donde uno de los partidos vaya arrasando y afuera haya una turba de “observadores”.
Además, cómo es posible que el Gobierno y el Consejo Electoral duden de estos organismos, si fueron los que dieron legitimidad a la elección en la que resultó ganador Daniel Ortega. Estos organismos demostraron su profesionalismo cuando antes de las seis de la mañana del cinco de noviembre del 2006 estaban certificando la victoria de Ortega, aunque recibieron fuertes críticas por ello.
En una elección tan polarizada como la actual, con un “árbitro” entregado en cuerpo y alma al partido de Gobierno y sin una observación electoral confiable, cualquier resultado va a ser dudoso y eso, desgraciadamente, podría terminar en tragedia, en derramamiento de sangre y hasta pérdida de vidas humanas.
Ese trágico escenario sólo va a tener un responsable: el Consejo Supremo Electoral, que con excusas sin fundamento se ha negado a acreditar a organismos como Ética y Transparencia o el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade).
