Sin duda que es obligación del Gobierno velar por los intereses de la población y protegerla con sus acciones. Pero éstas se deben hacer siempre en el marco de la ley y con la responsabilidad que exige el arte de gobernar. Los gobernantes tienen que actuar con prudencia en todos los ámbitos de su competencia, sobre todo en lo que se relaciona con la economía y la propiedad, en las que cualquier cosa que se haga en representación del Estado tiene un efecto expansivo que afecta —para bien o para mal— a toda la sociedad, a todos los habitantes del país.

Tal es el caso de la intervención gubernamental en la empresa Tropigas, que fue decretada por el presidente Daniel Ortega el miércoles de esta semana supuestamente para proteger el interés de los consumidores de gas licuado, pero la cual ha causado mucha preocupación en el sector empresarial y sin duda que va a repercutir negativamente en la sensible y ya muy conmocionada economía nacional.

Es bien conocida la aversión a la empresa privada que sienten el presidente Daniel Ortega, su familia y la cúpula de su Gobierno y partido, siempre y cuando no sea la propiedad y las empresas privadas de ellos mismos, las que de manera significativa son las únicas —o están entre las pocas— que crecen lucrativamente. Hay que recordar que Ortega comenzó su actual período gubernamental atacando directamente a la empresa transnacional Esso Estándar Oil, cuyas instalaciones en el Puerto de Corinto fueron ocupadas por el Gobierno, supuestamente con el objetivo de favorecer a la población, pero en realidad para adueñarse de una parte importante de las instalaciones de esa empresa petrolera, y utilizarla en el negocio particular orteguista de la importación de petróleo venezolano. Y la prueba de eso es que después de la acción del Gobierno contra la Esso, la población siguió pagando caros los combustibles, más inclusive que en los otros países centroamericanos.

Ortega también ordenó la intervención en uno de los principales bancos privados del país, el cual tuvo que someterse a la imposición gubernamental. Del mismo modo ha presionado a empresas privadas de televisión, por un lado para tratar de ampliar su presencia propietaria en esa rama de las comunicaciones y por otra parte para obligar a una autocensura y al cierre de espacios críticos al Gobierno. Inclusive, con procedimientos menos “ortodoxos ” que los de manipular la ley y el poder público, el orteguismo ha incursionado o se ha expandido en otras áreas de actividad empresarial privada, vinculadas al negocio turístico y los servicios médicos previsionales de los asegurados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Esto con el mismo cuento de velar por los intereses de los pobres pero realmente para extender y fortalecer el poder económico de la nueva oligarquía “de izquierda” que poco a poco se está adueñando del país.

En términos generales la economía nacional está pasando por la peor situación de los últimos 18 años, es decir, desde que se desmontó el sistema económico totalitario que había sido impuesto por el régimen que presidió precisamente el mismo Daniel Ortega. El año pasado la inflación fue más de 20 por ciento; este año ya en agosto había subido a 13.73 por ciento y según cálculos de los economistas a fin de año llegará por lo menos hasta el 18 y medio por ciento, o más. Esto significa que la gente está pagando más por los productos y bienes indispensables para subsistir, o más bien que está consumiendo menos, mientras que la desocupación ha aumentado por los despidos revanchistas en el Estado y la reducción de la actividad en el sector privado. Y es necesario advertir que en lo fundamental esta crisis económica de Nicaragua no se debe a factores externos negativos, sino a la mala política económica del Gobierno, al deterioro del clima de negocios por los atropellos gubernamentales a la empresa privada independiente, al aumento de la percepción de corrupción pública, a la imposición de salarios mínimos que desincentivan la producción y mandan a más trabajadores al desempleo, etc., etc.

Los diputados democráticos s pueden frenar esta marcha gubernamental hacia el desastre. Y de inmediato deberían revocar el arbitrario estado de emergencia económica impuesto por Ortega para intervenir la empresa Tropigas. El problema del abastecimiento de gas licuado debe ser encarado por medio de una ley que favorezca a los consumidores, sin atentar contra la empresa privada ni perjudicar más el ya deteriorado clima de negocios en el país.