Desde hace varios años los cárteles del narcotráfico y crimen organizado han significado para México lo que los grupos terroristas representan para Medio Oriente. Es decir, un cáncer en el seno de la sociedad, capaz de destruir los tejidos más sólidos de seguridad y bienestar de nuestras poblaciones.
Aunque escasamente ligados, el narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo parecen haber encontrado un lugar común en la ciudad de Morelia, Michoacán, en pleno Grito de Dolores. La noche del 15 de septiembre, los mexicanos en México y en el exterior celebrábamos con gozo el 198 aniversario del inicio de nuestra Gesta de Independencia, sin sospechar que la Plaza Melchor Ocampo de aquella ciudad sería víctima de un atentado contra inocentes.
Dos explosiones dejaron ocho muertos y más de cien heridos, así como millones de corazones sacudidos por un acto criminal irremediablemente condenable. Basta mencionar las muestras de solidaridad que México ha recibido del mundo, en especial de América Latina a través del Grupo de Río, y del presidente Daniel Ortega en nombre del honorable pueblo nicaragüense.
Ese respaldo unánime hacia México y sus instituciones me ha hecho recordar el ánimo iberoamericano que enmarca el Bicentenario de nuestras independencias, para cuya conmemoración se había pedido —con un sentido involuntariamente previsible— trabajar unidos por un presente y un futuro común, sin pobreza, sin adicciones, sin criminalidad. Un vivir mejor.
Es por ello que, enlutando con respeto a los afectados, el presidente Felipe Calderón ha convocado a todos los mexicanos a unirse contra quienes quieren dividir el espíritu de la Nación. El combate frontal al narcotráfico y los flagelos conexos que emprende el actual Gobierno mexicano surge de una Patria que exige unidad, pero una unidad que a la vez supone apoyar la tarea del Estado frente a la criminalidad.
Al respecto, diversas autoridades de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal), así como representantes de la sociedad civil, empresariales, sindicales, religiosos y de los medios de comunicación, suscribieron el pasado 21 de agosto el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Dicho acuerdo prevé 74 acciones puntuales para el combate a la violencia y el crimen organizado, privilegiando la participación ciudadana, la generación de inteligencia policial y el empleo de nuevas tecnologías.
El Acuerdo Nacional es también un compromiso de México con la promoción y defensa de los derechos humanos, que busca reforzar la capacidad institucional, instrumentar medidas de prevención, garantizar la rendición de cuentas y mejorar la infraestructura en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
A pesar de contar con varios antecedentes, este pacto implica quizás la iniciativa más importante de apoderamiento de la sociedad mexicana en el combate a la delincuencia. Su éxito, por ende, está estrechamente ligado a la voluntad de todos los mexicanos de contribuir unidos —ya sea desde un rincón público, privado o civil— por la seguridad, justicia y legalidad del país.
En ese sentido, los atentados en Morelia surgen hoy como una oportunidad insoslayable para refrendar nuestro deber como Nación. Aún es pronto para vislumbrar el resultado, sin embargo, las reformas anunciadas por el mandatario mexicano y los avances en la investigación de los hechos en la Plaza Melchor Ocampo me hacen creer que el Estado está lejos de debilitarse.
Ese presunto acto narcoterrorista, primero en su tipo en la historia de México, sin duda despertará mayores exigencias de seguridad de parte de la población. Ya una marcha multitudinaria iluminó las principales arterias del país el 30 de agosto pasado, con una luz de hartazgo y desasosiego ante los brotes de inseguridad.
Ahora es tiempo de exigir contribuyendo, denunciando y actuando dentro y fuera de México, unidos todos los mexicanos, mesoamericanos, latinoamericanos e iberoamericanos contra un mal que cada vez más nos es común.
