Hoy comienza oficialmente la campaña electoral para las elecciones municipales del 9 de noviembre próximo, pero el Consejo Supremo Electoral (CSE) decidió no hacer una inauguración oficial con lo que rompe una tradición institucional que comenzó en el año de 1984.
Es cierto que la Ley Electoral no obliga a inaugurar las campañas electorales con actos oficiales. La Ley sólo dice, en su artículo 86, que la apertura y cierre de la campaña electoral serán fijados por el Consejo Supremo Electoral. Y agrega el mencionado artículo que la campaña para la elección de alcaldes, vicealcaldes y concejales de los gobiernos municipales, tendrá una duración de 42 días. Sin embargo, desde la primera elección de la época posterior al somocismo, que se realizó en el año de 1984, las autoridades electorales que en ese tiempo estaban encabezadas por el académico universitario Mariano Fiallos Oyanguren abrieron con gran solemnidad las campañas electorales. Seguramente se sentían muy orgullosos de inaugurar la fiesta cívica más importante de la democracia, que es la campaña electoral, y la elección misma, independientemente de los diversos grados de madurez o inmadurez, de desarrollo o de atraso del sistema democrático que haya en el país.
Pero es obvio que en esta ocasión los magistrados del Poder Electoral no tienen mucho —o mejor dicho, no tienen nada— de qué sentirse orgullosos. Más bien estos funcionarios públicos tienen motivos para avergonzarse, debido a las numerosas anomalías y arbitrariedades que se han cometido durante la preparación de la campaña electoral que arranca hoy. Y probablemente es por eso que los magistrados electorales tomaron la decisión de no inaugurar oficialmente esta campaña y prácticamente ocultarse de la opinión pública.
En realidad, en ninguna de las elecciones nacionales, municipales y regionales que se han celebrado desde 1984, hubo tanta deficiencia y al mismo tiempo tanta arrogancia de las autoridades electorales como las que han habido ahora. Con sus actitudes y sus palabras, los magistrados del Consejo Supremo Electoral parecen tener más vocación represiva que de organizadores de elecciones y garantes de la democracia electoral. Incluso han decidido por sus pistolas que sólo los partidos políticos participantes en la campaña electoral, podrán hacer manifestaciones públicas, siendo que éste es un derecho constitucional de carácter general, acerca del cual lo que dice la Ley Electoral en su artículo 89 es que: “El Consejo Supremo Electoral coordinará con las instancias correspondientes, para que movilizaciones de otra naturaleza que no sean partidarias no interfieran con la campaña electoral”. O sea que el derecho de manifestación pública lo pueden ejercer las organizaciones no partidistas de la sociedad civil, siempre y cuando no interfieran en la campaña electoral.
Hay que señalar que por la incapacidad y la prepotencia de las actuales autoridades electorales, la campaña que comienza hoy ni siquiera se puede considerar mejor que las de la época somocista, en una las cuales, por sus características fraudulentas el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Director Mártir de LA PRENSA, presentó en el periódico las fotos y los nombres de los candidatos oficialistas, el día anterior de las elecciones, bajo el título: “Estos ganaron mañana”.
Sin embargo, el hecho de que la organización de esta campaña electoral sea malsano; de que haya un gran temor de fraude; de que se impida la observación electoral independiente y confiable; y de que el orteguismo haya creado un clima de intimidación y violencia contra la oposición política y la sociedad civil, no le resta importancia a las elecciones del 9 de noviembre. Por el contrario, esas anomalías determinan que esta campaña electoral municipal y las votaciones del próximo noviembre, sean mucho más importantes que cualquier otra escogencia anterior de autoridades locales, porque ofrecen una gran oportunidad de repudiar en las urnas al régimen fascista de Ortega, su familia y su partido, para frenar sus ímpetus dictatoriales y totalitarios.
Las elecciones son el talón de Aquiles del totalitarismo orteguista, su punto más vulnerable. Por eso ninguna fuerza política democrática y ningún ciudadano libre de Nicaragua debe cometer la torpeza de abstenerse ni de anular el voto.
En estas elecciones hay candidatos democráticos por los cuales vale la pena votar. Y aún para quienes por la razón que sea consideran que no tienen por quién votar, está sumamente claro que sí tienen contra quien votar
