El Gobierno arreció hoy su cruzada contra las organizaciones cívicas, imponiendo multas a un total de 17 Organismos No Gubernamentales (ONG), que habrían cometido “ilícitos”, al firmar convenios con otros organismos que no cuentan con personería jurídica o que no están debidamente registrados ante la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob).
En la lista de ONG que recibieron multas de entre mil y cinco mil córdobas, están aquellos que han alzado su voz crítica contra el mandatario Daniel Ortega, como el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO).
CINCO fue multada por su respaldo al feminista Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), grupo que ha encabezado las protestas contra Ortega, por los supuestos abusos sexuales de éste contra su hijastra Zoilamérica Narváez.
A criterio de las autoridades sandinistas, otro de los “ilícitos” de CINCO fue haber respaldado la campaña “28 de Septiembre”, a favor de la despenalización del aborto terapéutico en América Latina, misma que es manejada por el MAM.
Otro organismo multado, es la Fundación Red Nicaragüense de Comercio Comunitario (Reniccc), quien aparece respaldando proyectos a la Cordinadora Civil, que el Gobierno considera inexistente.
Gustavo Sirias, director de Registro y Control de Asociaciones dijo además que la documentación de cada caso será remitada al Ministerio Público, y que será esta entidad la que analizará y determinará las medidas a tomar por la vía penal.
PENDE CIERRE SOBRE OXFAM GB
En el caso de organismos internacionales como Oxfam GB, que ha sido relacionado por el Gobierno de Ortega en casos similares, Sirias aclaró que aunque no pueden retirarle la personería porque esta la otorga la Asamblea Nacional, dijo que sí estarían facultados para cancelar el número perpetuo, lo que se traduciría en el cierre automático de ese organismo.
Pese a lo anunciado, Sirias insistió en que no se trata de ninguna “persecución” contra los ONG, sino que es trabajo de la oficina a su cargo hacer un “análisis” de las organizaciones que trabajan en el país.
El gobierno emprendió hace unas semanas una verdadera cacería de brujas, contra todas las personas y organizaciones que se han atrevido a alzar su voz crítica contra el autoritarismo del gobernante Daniel Ortega.
El caso del ex sacerdote Ernesto Cardenal, condenado sorpresivamente por injurias y calumnias y multado por un poco más de mil dólares, luego que vertiera duras críticas contra Ortega en Paraguay, es uno de los casos más emblemáticos de la persecusión gubernamental.
El grupo CINCO, uno de los organismos que encabezan la lista de multados, es representado por la feminista Sofía Montenegro y el periodista televisivo Carlos Fernando Chamorro, dos disidentes sandinistas que han mantenido ácidas y constantes críticas a la gestión de Ortega.