Nueve meses después de la entrada en vigencia de la Ley 621, de Acceso a la Información Pública, y ocho luego de la publicación de su reglamento, en el país aún no existe la Coordinación de Acceso a la Información Pública que la ley manda a crear en cada Poder del Estado, gobiernos regionales autónomos de la Costa Atlántica y gobiernos municipales, según afirman personalidades que apoyan la implementación de ésta.
Según la ley, esa oficina tiene la función principal de velar por el cumplimiento de la ley y conocer y resolver los recursos de apelación presentados contra la denegación a las solicitudes de información.
La doctora María Adilia Serrano, miembro del Grupo Promotor de Acceso a la Información Pública, explicó anteayer que la creación de esa oficina permitiría agotar la vía administrativa de la apelación y no obligaría al solicitante a recurrir directamente a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que puede resultar engorrosa y hasta contaminar políticamente algunas de las solicitudes.
La tarde del lunes, Serrano participó en un encuentro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) sobre la implementación de la Ley 621, que contó con la gerente del Proyecto de Acceso a la Información y directora adjunta del Programa de las Américas del Centro Carter, Laura Neuman.
LEY A CUENTAGOTAS
Durante el encuentro, la Fundación presentó los avances de un informe sobre el uso de la ley entre enero y julio de este año.
Cristiana Chamorro, directora de la FVBCH, recordó que desde que la ley está vigente, la Fundación promueve su uso en el periodismo para medir la eficiencia del Estado en la entrega de información y conocer la utilidad práctica de la ley.
Según el informe, en siete meses se han presentado 22 solicitudes hechas por los periodistas en 16 instituciones estatales.
Sin embargo, un 18 por ciento de esas fueron denegadas y otro 38 por ciento más no tuvieron respuesta alguna al solicitante, es decir, en total la mitad de las solicitudes.
Sólo el 13 por ciento de las solicitudes han sido respondidas en tiempo y forma, y un 18 por ciento más han sido respondidas con entrega parcial de la información solicitada.
El informe se basa en las solicitudes presentadas por reporteros de los tres diarios nacionales: LA PRENSA, El Nuevo Diario y el periódico Hoy, y una periodista independiente.
INSTITUCIONES EN LA COLA
Según los ejercicios registrados, la Fundación precisa cuáles instituciones no han dado respuesta alguna a las solicitudes: el Instituto Nicaragüense de Cultura, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Empresa Nicaragüense de Electricidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de la República.
También, cuales han denegado las solicitudes: el Ejército de Nicaragua, el Ministerio de Gobernación y la Contraloría General de la República.
Además, destaca el caso de dos instituciones que no recibieron las solicitudes hechas: el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, entre otros casos que la Fundación presentará pronto en detalle.
