El economista René Vallecillo aseguró que la medida anunciada por el presidente Daniel Ortega y ratificada en el Diario Oficial La Gaceta, de que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) sea el encargado de pagar las pensiones a desmovilizados y familiares de víctimas de guerra, tendrá un efecto negativo para dicha institución.
La razón es que el INSS pagará millones de córdobas en pensiones a centenares de personas que nunca han cotizado, pero haciendo uso del dinero de quienes lo han hecho. De acuerdo al también ex viceministro de Finanzas, quizá por ahora el Seguro Social pueda pagar estas pensiones, pero se quedará corto en el futuro.
CONTRA INSTITUCIÓN
“Eso va en contra de la capacidad financiera del INSS, del saneamiento de sus finanzas, pero también va en contra del dinero que tienen todos los asegurados y futuros pensionados”, expresó el reconocido economista.
Vallecillo dijo que no se puede calcular la cantidad que el INSS va a pagar, porque no se maneja con exactitud la cifra de favorecidos. No obstante, en la situación en que está la institución, cualquier erogación de dinero puede impactar en las reservas monetarias de un poco más de ocho mil millones de córdobas.
“Añadió que lo más conveniente es que el pago de estas pensiones a desmovilizados y familiares de víctimas de guerra salga de un presupuesto del Estado”, dijo.
El pago de las pensiones ahora por parte del INSS fue publicado en La Gaceta número 162, decreto número 38A-2008. Anteriormente le correspondía hacerlo al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (Issdhu).
Pero de acuerdo a lo publicado en La Gaceta, se incrementarán las pensiones a madres de héroes y mártires, discapacitados, huérfanos y ex combatientes.
“Creo que es loable la iniciativa, pero ésta no puede ser asumida ni por el INSS ni por el dinero de los asegurados, si no que por el Presupuesto de la República, es el Estado a través del presupuesto que debe dar respuesta a estas demandas sociales que por muy justas no les corresponden al INSS, un costo del Gobierno está siendo traslado a la institución que debe de velar por recursos de los trabajadores”, manifestó ayer el economista.
“NO TOQUEN NUESTRO DINERO”
Por su parte, Donald Castillo, representante de la Asociación Nacional de Jubilados, dijo que están de acuerdo en la entrega de cualquier tipo de pensión siempre y cuando no se afecte el dinero de los miles de asegurados, cosa que no ocurre con la disposición del presidente Ortega.
Castillo indicó que cuando se supo de esta iniciativa expresaron su descontento al titular del INSS, Roberto López, pero no recibieron ninguna respuesta positiva.
Los jubilados se preguntan que si el INSS supuestamente tiene fondos para pagar nuevas pensiones, por qué no cumplen con lo establecido en el artículo 49, de la Ley del Seguro Social, que refiere que se debe entregar pensiones reducidas no menores del 40 por ciento a quienes cotizaran de 20 a 349 semanas.
“Cómo hacemos para que entienda el presidente del INSS que hay más de 53 mil adultos mayores que no le pueden dar sus pensiones completas o reducidas y son personas que cotizaron, siempre nos dicen que no pueden hacerlo porque no hay reales, pero a estos (desmovilizados y familiares de víctimas de guerra) que no cotizaron se las dan”, expresó incómodo Castillo.
Se conoció que tanto el INSS como el Ministerio de Salud (Minsa) formaron una comisión que se encargará de recoger la información de quienes serán favorecidos.
