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Hugo Chávez, presidente de Venezuela. (LA PRENSA/AFP)
Chávez debilita garantías democráticas por salvar intereses políticos
Chávez “ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos”, denuncia el informe de Human Rights Watch
Mandatario venezolano se muestra como defensor de la democracia, pero “no podrá servir de ejemplo válido”, añade
AFP
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CARACAS.- El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez "ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos" en un intento por "contener a la oposición política", señaló Human Rights Watch en un informe presentado hoy en Caracas. En 267 páginas, la organización de defensa de los derechos humanos realiza un negativo balance de los casi 10 años de Chávez en el poder y analiza el impacto del presidente en el poder judicial, los medios de comunicación y las organizaciones sindicales.

"Hace diez años, Chávez promovió una nueva Constitución que podría haber mejorado notablemente la situación de los derechos humanos en Venezuela (...) Su gobierno desde entonces ha actuado en sentido contrario, sacrificando garantías fundamentales en función de sus intereses políticos", denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Chávez resultó elegido en 1998 con el compromiso de "reformar y renovar el desacreditado sistema político venezolano" y la aprobación de una nueva Constitución en 1999 ofreció una "oportunidad única" que fue desperdiciada, lamenta este texto.

"La violación más grave del estado de derecho en Venezuela durante los últimos 10 años fue el golpe de estado de 2002 contra Chávez (...) Afortunadamente, sólo duró dos días. Pero, lamentablemente, el gobierno de Chávez lo ha explotado desde entonces para justificar políticas que han degradado la democracia", explicó Vivanco.

UNA DÉCADA DE INTOLERANCIA

El informe, titulado "Una década del gobierno de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los DDHH", denuncia además que el gobierno de Chávez carece de un "control judicial creíble".

El gobierno desprecia "en especial, la idea de que un poder judicial independiente es indispensable para la protección de los derechos fundamentales en una sociedad democrática", denuncia HRW.

Según la organización desde 2002, Chávez y sus partidarios "coparon políticamente" el Tribunal Supremo de Justicia, el cual "ha abdicado de su papel como contralor del accionar arbitrario del Estado y garante de los derechos fundamentales.

Al controlar a los jueces, Chávez "ha aplicado, sistemáticamente, políticas discriminatorias que han limitado el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la libertad sindical".

"De manera generalizada, ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos", denuncia el informe.

HRW admite que los medios de comunicación de oposición pueden hacer oír sus críticas pero denuncia que Chávez y su gobierno "han fortalecido la capacidad del Estado de limitar el ejercicio de la libertad de expresión, creando además poderosos incentivos para la autocensura".

DISCRIMINACIÓN Y HOSTIGAMIENTO

Con respecto al movimiento sindical, Chávez "ha despedido a trabajadores por ejercer su derecho de huelga (...) y los ha discriminado debido a su ideología política", denuncia HRW.

"Los defensores de derechos humanos han sido objeto de hostigamiento judicial, acusaciones infundadas e iniciativas para excluirlos de los foros internacionales y restringir su acceso al financiamiento", explica el texto.

La organización realiza varias recomendaciones para que el gobierno venezolano revierta el daño causado y fortalezca los derechos humanos. Entre ellas destaca el "restablecimiento de la credibilidad del Tribunal Supremo de Justicia" o "la creación de un organismo autónomo que administre las frecuencias de transmisión de radio y televisión".

"Chávez ha intentado activamente mostrarse como un defensor de la democracia, no sólo en Venezuela, sino en toda la región" pero "Venezuela no podrá servir de ejemplo válido si su gobierno continúa ignorando los principios de derechos humanos consagrados en su propia Constitución", concluye el texto.

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