El alto mando de la Policía Nacional, y personalmente su directora, la comisionada Aminta Granera, han manejado con honestidad profesional, sensibilidad social y habilidad política, el trágico incidente de La Paz Centro donde un efectivo policial disparó por la espalda a un adolescente de 15 años, causándole la muerte, y como venganza, durante el funeral de la víctima la sede de la Policía en la localidad fue incendiada y destruida por personas exaltadas y descontroladas. Pero lo más importante en este caso no es reconstruir la sede policial destruida, sino la reconstrucción de la confianza ciudadana en la Policía Nacional, y viceversa, declaró la comisionada Granera, quien ofreció personalmente el pésame de la institución a la familia del adolescente asesinado y pidió disculpas a la población por el lamentable hecho acaecido durante las recientes Fiestas Patrias.

En Managua ocurrió otro incidente parecido, el mismo 15 de septiembre, cuando durante una pelea entre pandilleros un adolescente fue baleado y murió posteriormente en el hospital. Personas enfurecidas quemaron un automóvil y una motocicleta de la Policía Nacional porque supuestamente uno de sus oficiales fue el autor del disparo asesino, pero en este caso la comisionada Granera ha rechazado categóricamente la grave acusación.

Ahora bien, aunque se trate de hechos aislados estos incidentes trágicos causan mucha preocupación y lo menos que pueden hacer las autoridades policiales y judiciales es aclararlos, castigar a los culpables e indemnizar a las familias de las víctimas.

La verdad es que no se espera que ocurran abusos de semejante magnitud en la Policía Nacional, que es la institución del Estado que goza de mayor credibilidad, confianza y respeto entre la población. Para no ir más lejos, en agosto recién pasado la encuesta de M&R Consultores informó que el 76.4 por ciento de la población tiene confianza en la Policía Nacional. De manera que para conservar y reconstruir esa confianza, como ha dicho la comisionada Granera, se debe analizar minuciosamente estos hechos lamentables y condenables, descubrir dónde está la raíz del mal y extirparla sin contemplaciones.

Los policías, igual que los militares, son ciudadanos armados y tienen por eso y de hecho supremacía sobre los ciudadanos civiles y desarmados. Los policías igual que los militares gozan de todos los derechos que poseen los ciudadanos civiles, pero además tienen autoridad pública, poder coercitivo y represivo, usan uniformes y portan armas mortales. Tanto poder, debe y tiene que ser muy bien regulado y administrado. Un policía nunca debería disparar su arma de fuego contra un civil desarmado, menor o mayor de edad, mucho menos por la espalda. El Reglamento de la Ley de la Policía Nacional en sus artículos 192 al 200 establece que el policía sólo podrá disparar contra una persona en fuga, “cuando se tenga pleno conocimiento de que el sujeto está armado o haya demostrado mediante sus actos, tal peligrosidad, que de no impedirse su fuga, se crea un peligro inmediato para la vida e integridad corporal del Policía y la de los demás miembros de la comunidad”.

A los policías se les instruye en el respeto a la legalidad, el profesionalismo, el espíritu de servicio público, el respeto a los derechos humanos y la cordialidad en las relaciones con la comunidad. Según se dice en el inciso 4.2 del artículo 7 de la Ley antes mencionada, los miembros de la Policía están obligados a: “Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, manteniendo una actitud de colaboración y eficiencia en los servicios que presta la institución”.

Pero es obvio que además de inculcar a los agentes policiales esos principios, hay que hacer que los cumplan siempre, de manera rigurosa. Como personas que son, pertenecientes a una determinada cultura social y política, es fácil que a algunos policías se les suban a la cabeza la autoridad coercitiva y represiva, el uniforme y el arma de reglamento. De manera que es indispensable cuidar que los policías tengan la estabilidad emocional indispensable para que puedan administrar correctamente el poder que les confía la sociedad como guardianes del orden público y la seguridad ciudadana.

En fin, los mandos de la Policía deben saber muy bien qué es lo que se debe hacer para evitar que vuelvan a ocurrir situaciones tan lamentables y condenables, como ésa de que un policía dispare a mansalva y a matar contra un ciudadano civil y desarmado.