La economía de Nicaragua se ve azotada por la actual crisis inflacionaria que, según estudios económicos independientes, la revelan en un acumulado al 27.8 por ciento al concluir el primer semestre del año en curso y el Gobierno Central, a través del Banco Central de Nicaragua, asume discretamente una tasa de inflación de un 16 por ciento, indicador oficial que revela el recrudecimiento diario del costo de la vida en nuestro país.
Una economía en recesión como la nuestra, al combinarse con el incremento inflacionario, se cataloga por las teorías económicas como uno de los peores escenarios financieros posibles para una nación. Ante esta realidad, es indispensable que el Gobierno Central asuma medidas objetivas para tratar de contrarrestar el efecto económico devastador que nos está absorbiendo.
El Gobierno Central debe entender que el problema vertebral de nuestro país es en el contexto económico. En el ámbito político la gestión del comandante Ortega la puedo considerar de éxito, ya que ejerce dominio absoluto en las voluntades de los poderes del Estado y la oposición política al Gobierno es manejada al interés y conveniencia del Frente Sandinista. Por lo tanto, es hora de que el presidente Ortega oriente los recursos y las energías del Gobierno a resolver los problemas económicos de la nación.
La realidad económica a la que el Gobierno se enfrenta es: el incontrolable incremento en el costo del petróleo, la ola alcista en el precio de los productos alimenticios, la raquitiquez de nuestros sistemas y políticas agrícolas, la alta dependencia de la energía importada y la carencia de medidas regulativas para controlar el comportamiento de la especulación comercial en el mercado local.
El Gobierno Central tiene que formar parte activa y beligerante en la realidad económica del país, sus políticas públicas deberán estar orientadas a un sistema estructural de desarrollo y sostenibilidad económica, enfocados en el fortalecimiento de nuestros sistemas de producción, para la obtención de alta rentabilidad y en la independencia del petróleo como generador de energía con la exploración de fuentes alternativas propias.
Con los recursos financieros frescos del Alba, que promedian unos US$300,000 millones anuales (según el Gobierno Central) fuera del Presupuesto de la República, se puede fortalecer un programa integral dirigido al desarrollo de la economía del campo. Contamos con tierras aptas para la siembra diversificada de la producción, enfocándonos en la demanda de los mercados extranjeros logrando la atracción de recursos y al mercado local a garantizar el consumo de los alimentos de nuestra población a precios accesibles.
Los recursos y programas de los organismos multilaterales orientados a la explotación de fuentes de energías locales deben ser reforzados con las políticas públicas del Gobierno Central, que permitan la reorientación de recursos del Estado y el fomento de la inversión privada, para la generación de energía propia, capitalizando nuestras riquezas y evitar la fuga de divisas por importación de petróleo, que para el año en curso se proyecta hasta por más de mil millones de dólares.
Está en manos del Gobierno Central la pronta solución a la crisis económica de nuestro país. Es asunto de voluntad y de tomar las decisiones acertadas. El Gobierno del comandante Ortega debe demostrar su capacidad de gestión, para hacer coincidir a todos los sectores y agentes de nuestra sociedad y sus políticas de Estado, para diseñar una alternativa viable que nos saque del atolladero económico y podamos enrumbarnos al desarrollo de nuestra sociedad.