La creación de una auténtica democracia exige que los problemas del país sean discutidos por todos los que se interesan por ellos, aun con discrepancias y a pesar de la magnitud de las diferencias que puedan surgir. Impedir la expresión de las ideas implica tener miedo a la crítica y desconfianza en los puntos de vista propios.
De lo que se trata es de darle a las relaciones entre prensa y Gobierno un carácter abierto y democrático, donde la crítica sea una forma normal y estimulante del diálogo.
La prensa escrita proporciona al ciudadano instrumentos de análisis para contribuir, junto a su sentido común, el espíritu social crítico de la época, el cual es, de una parte, la divisa de la acción política del ciudadano, y de otra, el cemento que cohesiona a la sociedad democrática moderna.
También es importante popularizar las acepciones de lo que es Estado y Gobierno y, asimismo, establecer las bases para la definición de criterios para la adjudicación de la publicidad a los medios de comunicación social, ya que es injusto que las preferencias para el contrato publicitario queden al libre albedrío.
El Estado no es el gobierno y éste no es una empresa privada. El uso del presupuesto estatal está determinado por Ley de la República, razón por la cual por el principio de la legalidad presupuestaria las partidas ya están preestablecidas. Esto no puede usarse para premiar o castigar posiciones políticas de la prensa. Así concebida, la publicidad estatal se transforma —en las condiciones actuales del país —, en el limitante principal de la libertad de prensa. Lo que puede o no decirse en un Órgano serio de amplio tiraje, quedaría determinado por el anunciante oficial.
Señalar fallas y condenarlas les parece a nuestros gobernantes faltas de respeto, violaciones a las disposiciones del Código Penal y abuso de la libertad de expresión. Pero los gobernantes y los funcionarios públicos deben discutir abiertamente los problemas de nuestro pueblo. La ciudadanía exige aclarar malos manejos desde los puestos públicos a pesar de que no faltan quiénes, desde esos mismos puestos, demuestren irritación por aclarar el manejo de los caudales del Estado.
En un país verdaderamente democrático ningún gobernante puede darse el lujo de rechazar “por irrespetuosas” las críticas de sus opositores. Puede decir que no está de acuerdo con sus críticos y dar sus buenas razones, pero jamás amenazar veladamente con excomuniones moralistas, que en la política moderna equivalen a auténticas cacerías de brujas y, muchos menos, hacer uso de la presión económica o la violencia para hacer callar a la oposición. Un funcionario público al que no se le puede pedir cuentas no es funcionario de un régimen democrático.
La prensa no puede dejarse intimar por las presiones y amenazas del gobierno, ni de nadie. Como ha dicho el periodista peruano Gustavo Gorriti, no se puede permitir que el miedo sea el director del periódico, pues si la intimidación se convierte en parte de la información, todo el periodismo, se perjudica. Y no sólo el periodismo, agrego, sino todo el sistema democrático. (LA PRENSA, sábado 4 de septiembre de 1999).
Cuando la autoridad sataniza a un profesional o a una publicación, algo falla en esa relación, pues basta que se haga pública la hostilidad de una autoridad hacia algún órgano periodístico para que la existencia de ese órgano se haga casi imposible, ya que sobran quienes, en todos los sectores, prefieren halagar a la autoridad que mantener su relación normal con el periodista y la publicación.
El valor de la polémica abierta es una conquista democrática de la sociedad. Los límites y las reglas entre el Estado y los medios no las impondrá el Estado, sino la prensa, la independiente y democrática.
La sociedad rescata del Estado un espacio democrático. El negocio y los métodos, que en nada significan las funciones del periodismo, es más desfavorable porque una vez que se le ha puesto en la cima al político, a base de lisonja servil y elogio, no puede dejar de enfrentarlo a una realidad que lo desautoriza.
