Abordar el tema de las libertades en Nicaragua es hablar de un conjunto de conceptos, ideas y valores que adolece de pragmatismo, pues los sobornos, amenazas, chantajes y demandas judiciales son sólo algunos de los mecanismos de los que dispone el gobierno de turno para coartar la libertad expresión y hacer de ella la frase de la que más se ha abusado actualmente. La demanda judicial entablada en contra del presidente del Diario LA PRENSA, el misterioso cierre del programa de Jaime Arellano en el Canal 2 y las sucesivas y constantes amenazas del mandatario Ortega, dirigidas al Diario LA PRENSA, son hechos que se deben lamentar en cualquier democracia, inclusive, en una débil y vulnerada como la nuestra.
Qué esperanza podemos sustentar los nicaragüenses cuando sabemos que los demócratas estamos siendo pésimamente representados por una banda de diputados corruptos, que no son dueños de buenas intenciones como tampoco de criterios propios, patrióticos e independientes. Qué esperanza puede representar un partido como el PLC, que practica las fétidas y despreciables ideas de un Arnoldo Alemán, que anclado con demencia a la desastrosa y vulgar idea de retornar al poder se convierte en un esclavo de las malsanas ideas de Ortega.
El círculo vicioso se cierra cuando el Estado limita, amordaza, crispa y daña la integridad de los medios de comunicación de criterio independiente, que vierte ante nosotros, la opinión pública, su información. Pero… si las libertades cívicas son “la capacidad de realizar diferentes actos de trascendencia pública sin impedimento estatal” ¿Qué está pasando en Nicaragua?, ¿por qué permitimos que suceda lo contrario?
Queda claro que mientras en la mayoría de los países del mundo la libertad de expresión se entiende como “el derecho de expresar y defender públicamente las ideas y opiniones propias o colectivas”, en nuestro pobre país significa exponerse a la crueldad de la censura gubernamental. Deberíamos saber que cuando el gobierno Ortega-Murillo atropella la libertad del Canal 2 y LA PRENSA, está limitando la libertad de todos, pues a todos se nos limita el derecho de estar informados.
Los acontecimientos nacionales de persecución y censura me recuerdan el gobierno de José Stalin, cuando entre el año de 1937 y 1938 puso en marcha la maquinaria del “Gran Terror”, un período negro en la historia de la URSS que estuvo marcado por la represión salvaje a bolcheviques, obreros, campesinos, militares e intelectuales. Ni siquiera los más allegados se salvaron de las purgas. Aquel hombre sin escrúpulos veía enemigos por todas partes. Suponía que cualquier problema, fuera personal o político, era el resultado de algún malévolo complot contra él.
Por mencionar algunos asesinatos, Stalin no titubeó cuando firmó la orden de fusilar al marido de María Svanidze, familiar de su primera esposa Ketevan Svanidze, como tampoco le dio vueltas al asunto cuando mandó a la viuda a un campo de trabajo forzado. En mayo de 1937 el todopoderoso ordenó eliminar a los antiestalinistas españoles agrupados en la POUM. Su líder, Andreu Nin, antiguo secretario de Troski, fue asesinado en España por los agentes de los servicios secretos soviéticos NKVD, precursora de la temida KGB. En 1938 le tocó el turno a Nikolái Bujarin. Se le acusó de haber conspirado para asesinar a Lenin, lo que resultó un cargo tanto inverosímil como grotesco, ya que el propio Lenin, que estaba muerto ya, había calificado a Bujarín de “hijo predilecto de la revolución”.
Por ello, no es extraño que Ortega como ridículo aprendiz de Stalin, se afane en mandar a dictar erróneas sentencias judiciales en contra de sus antiguos colaboradores y mentores, como el padre Ernesto Cardenal, que se entretenga boicoteando la administración de su antiguo protegido Nicho Marenco, que ponga en libertad al asesino de Carlos Guadamuz y que se encuentre siempre dispuesto a la amenaza ante la información vertida por los medios de comunicación que no consiente ni avalan sus idioteces.
Yo lamento profundamente que el Canal 2 haya cerrado una de las pocas ventanas objetivas que teníamos los nicaragüenses para enterarnos del relajo político, como lo constituía el programa de Jaime Arellano. Lo lamento y lo condeno porque tengo presente las palabras de aquel político e ideólogo llamado Mijaíl Bakuní, quien sostenía que “la libertad colectiva es una condición necesaria y a la vez el resultado natural de la libertad individual”. Privados de sus enchichamientos cito a Quevedo que decía: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.
