Ratones, cucarachas y zancudos es lo que prolifera dentro y fuera de la casa de la joven Lisseth Siero, en el barrio Santa Ana, de Managua. Pero el desagradable “cóctel” se agranda cuando menciona que una corriente de desechos líquidos, con desagradable olor, y un incisivo ruido de motores están casi permanentes en el barrio.
La causa de estos males, como la joven señala, es la chatarrera Sotavento Nicaragua S.A., próxima a su vivienda.
Por esta razón, Siero se mostró contenta de que personal del Ministerio de Salud (Minsa), la Alcaldía de Managua y de la Fiscalía General de la República notificaran a los dueños de la chatarrera, que no podían seguir funcionando, al menos dentro del casco urbano.
“Es una buena decisión, el ruido, los malos olores y los animales no se aguantan”, dijo Siero.
Debido a la proliferación de zancudos, dijo, uno de sus hijos y varios niños de las casas cercanas han enfermado de dengue.
En Managua existen unas 60 chatarreras legales y más de 300 ilegales. Sólo un 25 por ciento de las chatarreras en la capital está cumpliendo con las normas de higiene. La idea es ubicarlas donde no existan grupos de población, para evitar enfermedades.
FUERA DE LA CAPITAL
No obstante, el doctor José Medina, director de Salud Ambiental del Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais) de la capital, aseguró ayer que están por concluir un censo que permitirá conocer con exactitud la cantidad de este tipo de negocios.
Por ahora tratan de reubicar conforme a las leyes sanitarias y ambientales, a las chatarreras más grandes, pues ocasionan mayor daño a los pobladores, en particular a los niños.
“No es un problema en contra de alguien, es a favor de la salud de la gente, los dueños de estos negocios hacen o pueden hacer esta labor, pero no en lugares poblados”, aseguró Medina, quien agregó que las inspecciones de forma sorpresiva continuarán en todo Managua.
FISCALÍA APOYA
Contrario a otras inspecciones, esta vez se contó con personal de la Fiscalía General de la República. Álvaro Centeno, representante del Ministerio Público, informó que entraron a las instalaciones de la chatarrera Sotavento Nicaragua S.A., con una orden judicial de allanamiento.
La inspección se hizo con el propósito de recolectar evidencias sobre una denuncia de contaminación ambiental, que hicieron la Alcaldía y el Minsa contra la chatarrera. Al mismo tiempo, indicó que las investigaciones reflejan que esa empresa no cuenta con permiso de operación.
Durante la inspección, efectivos policiales detuvieron a Alexis José Hernández Silva, de Sotavento de Nicaragua S.A., supuestamente por entorpecer los trabajos que realizaban en la chatarrera.
