La Junta Directiva de la Asamblea Nacional debe pasar al plenario legislativo, las dos iniciativas de ley para proteger la libertad de prensa y de comunicación electrónica, televisiva y radial. Una de esas leyes permitiría prorrogar por un período determinado, o de manera indefinida, las licencias de operación de las estaciones de radio y televisión, para protegerlas de cualquier acción represiva y chantajista del poder gubernamental. Y la otra iniciativa, que es denominada Ley para fortalecer la libertad de prensa, tiene como objetivo “regular el alcance de las exenciones que el párrafo cuarto del Articulo 68 de la Constitución Política de la República de Nicaragua otorga a los medios de comunicación social”. Con esta ley se revocaría la “ley Arce” contra la libertad de prensa, la cual es inconstitucional porque pretende obligar a los medios de comunicación social a pagar tributos por importaciones de papel, tinta, insumos, maquinaria y repuestos, no obstante que el Artículo 68 de la Constitución establece taxativamente que esas importaciones están exentas de impuestos.

Cabe recordar que el argumento fundamental del ex diputado del FSLN, Bayardo Arce, para justificar su ley represiva e inconstitucional contra la libertad de prensa, fue el de que los medios de comunicación deben pagar impuestos igual que todas las demás empresas. Pero es un argumento falaz y malintencionado. La verdad es que el Diario LA PRENSA —igual que todos los demás medios de comunicación— paga los impuestos que le corresponden sobre ventas de publicidad, sobre la renta y municipales. De los únicos impuestos que están y deben estar exentos los medios de comunicación es por “la importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones”, tal como se establece, repetimos, en el artículo 68 de la Constitución. Y esto es lo que se debe regular —pero no modificar— en la Ley para fortalecer la libertad de prensa, denominada así porque el Artículo 68 constitucional fue establecido para impedir el excesivo encarecimiento de los medios de comunicación social, y por lo tanto para facilitar el acceso a ellos de los ciudadanos nicaragüenses, lo mismo que para protegerlos de presiones y castigos políticos a través del terrorismo fiscal.

Por otro lado, la urgente necesidad de proteger legalmente a los medios de comunicación televisivos y radiales se ha puesto en dramática evidencia, con la clausura del programa televisado de comentarios políticos de Jaime Arellano, en los canales 10 y 2 de Televisión, debido a la amenaza o al temor de que sus licencias de operación no sean renovadas por el gobierno de Daniel Ortega, igual que lo hizo en Venezuela el dictador Hugo Chávez contra la RCTV (Radio Caracas Televisión).

Lamentablemente, las iniciativas de ley para garantizar las licencias operativas de los medios electrónicos de comunicación, y para revocar la inconstitucional “ley Arce” contra la libertad de prensa, no se han podido aprobar por múltiples motivos y diversos pretextos. Pero la verdad es que bastaría con que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional las enviara al plenario legislativo, para que se pudieran someter a discusión y votación de todos los diputados.

Se comprende que los diputados orteguistas se opongan a estas iniciativas de ley, pues ellos, por compulsión, ideología y compromiso político son enemigos jurados de la libertad de expresión y de prensa. Soportan la libertad de prensa cuando no pueden suprimirla, pero tratan de desacreditar a los medios y difaman a los periodistas independientes, así como también los censuran indirectamente como lo han hecho con la inconstitucional “ley Arce” contra la libertad de prensa. Lo que no es normal es que los diputados de los partidos democráticos obstaculicen la discusión y aprobación de estas leyes, que servirían para proteger la libertad de prensa.

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional está compuesta por siete diputados , de los cuales cinco son del sector democrático. Ellos pueden decidir hoy mismo que se mande a plenario las iniciativas de ley para proteger la libertad de comunicación y de prensa. Pero las dos al mismo tiempo, porque la protección a la libertad de prensa tiene que ser integral. Y en el plenario los diputados democráticos también son mayoría. Si quieren pueden aprobar esas leyes, que no sólo serían beneficiosas para los medios de comunicación sino también para toda la sociedad, para la democracia y para los mismos políticos democráticos, aunque algunos de ellos no puedan entenderlo.