El abogado Luis Fernando Saenz, pidió una indemnización económica de 115,7 millones de colones (alrededor de 207 mil dólares) a favor de la madre de Natividad Canda Mairena, para resarcir los daños materiales y morales causados por la muerte de su hijo, en el juicio que está por concluir en los tribunales de Cartago.

Saenz pidió además el resarcimiento de 18,6 millones de colones (más de 33 mil dólares) por costos procesales y personales; así como la pena de 12 años de cárcel contra diez acusados por el delito de homicidio simple por omisión impropia.

Saenz hizo la petición en el cierre de su defensa y si el tribunal acoge su solicitud, serían condenadas a prisión los ocho policías, el dueño de los perros que mataron a Canda y del taller, Fernando Zúñiga; el guarda de seguridad Luis Guillermo Hernández; a quienes se les acusa de no prestar ayuda a la víctima.

Por la vía civil también sería condenado el Estado costarricense (patrono de los policías), a pagar el monto económico que determine el Tribunal, al igual que Zúñiga y Hernández.

Para Saenz quedó demostrado que como guarda de seguridad, Hernández impidió la entrada a tiempo de la policía y los cuerpos de socorro al predio del taller. Tampoco hizo lo suficiente para salvar a Canda del ataque y el auxilio que pidió fue mediante su superior y no por la Cruz Roja o bomberos, como se debe.

En tanto Zúñiga, aunque estando fuera de su taller mostró preocupación por el incidente, cambió de actitud al impedir que dispararan a sus perros, agregó Saenz, quien también recriminó que la policía no hizo lo suficiente para evitar la muerte del nicaragüense, pues tenían en su poder además de armas de reglamento, una pistola Remington y dos ametralladoras.

También acusó al Estado de no preparar bien a sus policías, pues los entrena disparando a blancos fijos y no móviles, como era el caso.

A juicio de Saenz, abogado de Juana Francisca Mairena, la poca ayuda que recibió Canda fue producto de prejuicios o estigmas hacia su persona: primero porque la información divulgada a las autoridades era que estaba en el sitio para robar, algo que no se logró probar en el debate; que era humilde, indigente, con adicción a las drogas y también nicaragüense.

Por su parte, el procurador José Enrique Castro, insistió nuevamente en que la querella y acción civil presentada por Saenz, tiene errores de forma, por lo tanto pidió al tribunal las declare inadmisibles.

Cabe señalar que la defensa planteó estas mismas objeciones al inicio del juicio, pero el tribunal decidió que se resolverán al final del debate.

Castro rechazó además, todas las pretensiones de Saenz y pidió al tribunal que lo condene a pagar costas procesales y personales, así por daños y perjuicios contra el estado, por haberlo llevado a un juicio "que no tiene razón de ser".