La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), hizo hoy un llamado a los diputados para que aprueben “en el menor tiempo posible”, la iniciativa de Ley de Defensa a la Libertad de Expresión, que considera de vital importancia para la consolidación del Estado de democrático de derecho y el derecho de los nicaragüenses a recibir una información veraz.
A través de un comunicado, los empresarios instaron a los parlamentarios para que “conforme lo que mandata nuestra Constitución Política se fortalezca el marco jurídico necesario para garantizar el derecho al libre e irrestricto ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento, aprobándose la normativa legal que garantice y permita superar cualquier obstáculo al ejercicio pleno del mismo”.
“Ante la importancia de brindar seguridad jurídica a los ciudadanos que amparados en ese derecho se dedican a la importante labor de informar a nuestro pueblo, instamos a la aprobación en el menor tiempo posible de la iniciativa de Ley de Defensa a la Libertad de Expresión presentada ante la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional el pasado 28 de febrero; lo cual permitirá a todos los nicaragüenses gozar del derecho a la información veraz y a los medios de comunicación poder buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de forma objetiva, libre y sin restricciones”, agregó el comunicado.
Asimismo, Amcham y el Cosep consideraron oportuno hacer “un llamado patriótico a todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, a hacer suya esta propuesta que no es más que la ratificación de un derecho alcanzado por el pueblo nicaragüense y una oportunidad para favorecer el clima de negocios necesario para atraer inversiones y generar más empleos en nuestro país”.
El pronunciamiento de las más importantes organizaciones de la empresa privada, se suma a las expresiones de preocupación de diversos sectores de la sociedad civil, por el supuesto “atropello” a la libertad de expresión de parte del Gobierno de Daniel Ortega.
Uno de los casos más sonados, ha sido el cierre de los espacios televisivos al comentarista político Jaime Arellano, cuyo programa de críticas, fue cancelado en los canales 10 y 2, por supuestos chantajes del gobierno a las televisoras.