Santiago de Chile (AIPE).— El Presidente de Georgia se equivocó con la invasión para impedir el separatismo de dos provincias de su país. También Putin se equivoca si pretende absorber por la fuerza a esos territorios independentistas.
Pascal Boniface, reputado internacionalista francés, sostiene que vivimos la era de las secesiones territoriales, y que las guerras ya no amalgaman a las naciones: las desmantelan.
En 1920 Europa tenía 23 Estados independientes. En los últimos 20 años casi se han triplicado, por la desintegración soviética y de Yugoslavia y por la división de Checoslovaquia.
Desde la fundación de Naciones Unidas, sus Estados miembros se han cuadruplicado.
Los pueblos prefieren ser cabeza de ratón que cola de león.
El potencial para nuevas autonomías está en todos los continentes, y no simplemente por la liberación del socialismo totalitario. Hay razones étnicas, religiosas y también económicas. Es el caso de Bolivia, sus departamentos orientales consideran que integrar una nación centralizada bajo una constitución socialista los priva de progresar y los oprime. Prefieren la autonomía. Las tensiones en Argentina también provienen de la rebeldía de las provincias por los gravámenes que Buenos Aires les impone. En el sur del Perú sucede algo parecido.
En Chile estamos lejos de las fracturas territoriales. La unidad nacional está enraizada, somos sumisos al poder central y los gobernadores e intendentes no son elegidos, sino políticos designados y removidos por el Presidente. No pueden rebelarse.
Pero en nuestras provincias hay indicaciones no despreciables de rechazo al centralismo. La presidenta Bachelet y las autoridades del Gobierno no pueden presentarse en África, por el riesgo de ser mal recibidos. La región de mayor importancia geoestratégica está abandonada. La violencia en la Región de la Araucanía es una pretensión autonómica de dirigentes indígenas que se sienten postergados. Los municipios y gobiernos locales apenas reciben el cinco por ciento del presupuesto público. El resto de las asignaciones son discrecionales y no transparentes. Hay ira en las provincias por el poder y recursos de Santiago. La votación del Transantiago, transporte público de la capital, demostró el rechazo al centralismo. Es inaceptable para el resto del país que se dilapiden indefinidamente cientos de millones de dólares en un servicio que sólo sirve a la metrópoli. Tan grosero es el dispendio, que al Gobierno no le quedó más que compensar a las regiones, bajo presión, con fondos para proyectos que no han sido técnicamente evaluados.
Gobernantes y parlamentarios se resisten a la descentralización e ignoran los peligros del centralismo para la integridad territorial, así como la tendencia mundial a las autonomías.
