El 18 de este mes de septiembre comenzará oficialmente la campaña electoral para las elecciones municipales que tendrán lugar el próximo mes de noviembre. Pero de hecho la campaña electoral ya está en marcha, y no es para menos, porque estas elecciones municipales que se celebrarán a dos años del segundo gobierno de Daniel Ortega tendrán una significación trascendental para el país y para todos y cada uno de los nicaragüenses, independientemente de cuál es su partido político o de que sean independientes e indiferentes.
En términos generales y en un ambiente político neutro, las elecciones municipales son esencialmente distintas de las nacionales. La elección de las autoridades municipales está ligada directamente a los intereses locales y personales de la gente. Los ciudadanos conocen muy bien, y en algunos casos hasta perfectamente, a los diversos candidatos. Saben lo que pueden esperar de cada uno de ellos. Por eso, incluso, muchas personas votan por candidatos que ni siquiera son los de su propio partido o del partido por el cual suelen sufragar en las elecciones nacionales.
Pero esto es cierto sólo en términos generales y si en el país hubiese un gobierno genuinamente democrático y confiable básicamente para todos los ciudadanos, independientemente de su simpatía partidista. En la realidad de Nicaragua la situación es radicalmente distinta, porque quienes tienen el poder son personas autoritarias que tratan por todos los medios, incluyendo las elecciones municipales, de fortalecer su autoritarismo y su pretensión de restaurar la dictadura. En este caso cualquier consulta popular se convierte en un acto o demostración de rechazo o aceptación del Gobierno.
En realidad, nadie debería poner en duda que si el partido orteguista gana las elecciones municipales de noviembre, es decir, si de las 80 y pico alcaldías que tiene ahora bajo su dominio pasa a controlar cien o más gobiernos municipales, aunque hubiera mucha abstención la gestión del Gobierno actual sería prácticamente avalada por la mayoría. Daniel Ortega se sentiría entonces autorizado a “profundizar” su revolución, a avanzar más rápidamente en la aplicación de sus políticas estatistas, autoritarias y dictatoriales, tanto económicas como políticas y sociales.
Por otra parte, el proyecto gubernamental izquierdista y autoritario de Daniel Ortega no es un fenómeno aislado y exclusivo de Nicaragua. En realidad es parte de un proyecto de dimensión latinoamericana. Se eslabona con la revolución bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela, con la refundación indígena y socialista de Bolivia que impulsa Evo Morales en Bolivia, y con la reestructuración revolucionaria del Estado propiciada por Rafael Correa en Ecuador. En fin, se trata de una estrategia global denominada “socialismo del siglo XXI”, promovida y financiada desde Caracas, Venezuela, con los abundantes petrodólares que maneja el presidente Chávez como si fueran su patrimonio personal; mientras que el socialismo del siglo XX que languidece en Cuba, aunque parezca mentira sirve de inspiración ideológica a la extrema izquierda que ha tomado el poder en varios países de América Latina.
No son sólo las administraciones edilicias, pues, las que estarán en juego en las elecciones municipales de noviembre próximo, sino la posibilidad de derrotar a Daniel Ortega y por lo tanto de frenar sus ímpetus dictatoriales, o facilitarle la victoria y en consecuencia a ayudarle a restaurar la dictadura en Nicaragua.
En Venezuela, cuando Hugo Chávez fue derrotado en el referendo constitucional de diciembre del año pasado, tuvo que refrenar su deseo de comunizar cuanto antes la sociedad venezolana. En Bolivia, con el triunfo que obtuvo en el referendo revocatorio del 10 de agosto recién pasado, el presidente izquierdista Evo Morales se sintió autorizado para pasar a otra fase de su proyecto autoritario y por eso ha convocado a un nuevo referendo, ahora sobre la nueva Constitución boliviana. Algo muy parecido es lo que ocurriría en Nicaragua si Daniel Ortega ganara las elecciones municipales de noviembre. Y todas las abstenciones y cada papeleta electoral anulada, serían un voto a favor de Ortega y de su empecinamiento en restaurar la dictadura.
