El Juzgado Penal de San Carlos, ubicado al norte del país, rechazó la petición de la fiscalía de paralizar por completo las obras de construcción de la mina de oro Las Crucitas, ubicada cerca de la frontera de Nicaragua y que según ambientalistas amenaza con afectar la biodiversidad de los dos países.

Este fallo permite que Industrias Infinito S.A, continúe con la construcciones de edificios necesarios para que la mina opere, dormitorios de los obreros, comedor y los edificios para oficinas, a pesar que la fiscalía había pedido el martes que frenaran las obras.

El Juzgado Penal de San Carlos emitió esta resolución ayer, el mismo día en el que el Frente de Oposición a la Minería de Oro en la zona norte de Costa Rica, exigió a la Sala Cuarta Constitucional que se pronuncie contra el proyecto Las Crucitas.

Lo que Industrias Infinito S.A no puede seguir haciendo, es talar árboles protegidos por ley, porque así lo ordenó la Sala Cuarta Constitucional al acoger un recurso de amparo en contra de la mina.

El Frente de Oposición a la Minería ha manifestado su descontento al decreto ejecutivo firmado la semana pasada por el presidente Oscar Arias y su ministro de ambiente Roberto Dobles, en el cual se autorizó talar árboles protegidos por ley.

Freddy Vargas, miembro del Frente de Oposición, dijo que aún sin haber iniciado el proyecto ya se ha evidenciado el "daño brutal e insostenible" a la naturaleza.

Vargas se refiere a la tala de árboles desmedida que estaba realizando Industrias Infinito S.A., posterior al decreto y previo a la restricción de la Sala Cuarta Constitucional.

El Frente de Oposición está formado por sindicatos, productores, educadores y otros vecinos de la zona norte de Costa Rica.

"No puede ser posible que prevalezca el interés de una transnacional que ni siquiera es del país, por encima de los intereses de un pueblo. No puede ser que estemos jugando con el patrimonio que le pertenece a muchas generaciones que ni todavía están, entonces por eso creemos que (el proyecto) también tiene un impacto económico", dijo Jeaneth Rojas, integrante del movimiento.

Según el vocero de Industrias Infinito, José Andrés Soto, en diez años la empresa calcula extraer cerca de un millón de onzas de oro que dejaría un monto de 800 millones de dólares.

En junio de este año el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales (Marena), Roberto Araquistáin, solicitó por canales oficiales a Costa Rica la suspensión del contrato minero porque afectaría el río San Juan con el uso de químicos como cianuro para extraer oro, pero la petición fue denegada.

CONVOCAN A MARCHA

El Frente de Oposición ofrece más resistencia y están convocando a una marcha nacional contra este proyecto para mediados de noviembre. También no descarta tomar acciones legales en contra del gobierno por haber autorizado la tala de árboles protegidos por ley.

En tanto, el opositor Partido Acción Ciudadana (PAC) y su Fracción Legislativa, se unieron a la lucha de las organizaciones ambientalistas y de las comunidades potencialmente afectadas por el proyecto minero.

"El PAC está convencido de que la minería, y la consecuente tala decretada por el Gobierno, auguran una emergencia ambiental", reza un comunicado del partido.

El PAC ha rechazado este proyecto desde sus inicios y considera que el desastre ambiental ocurrido en Crucitas el pasado fin de semana, obliga a revisar las decisiones que permitieron el avance y ejecución de este proyecto, así como el levantamiento de la Moratoria a la Minería de Oro a Cielo Abierto del actual gobierno.

El PAC propuso declarar Emergencia Ambiental el tema minero desde el 5 de junio del 2007 y nunca recibió respuesta del Ministro de Ambiente, según la agrupación.

"El Gobierno aún debe dar muchas explicaciones sobre los motivos que mediaron para autorizar la tala de especies protegidas. Pero el tema de la minería va más allá de afectaciones particulares a especies vegetales o animales, se trata de un enfoque de desarrollo basado en la explotación de recursos, por encima del deseo de las comunidades y sacrificando su forma de autoabastecimiento, en este caso, el turismo ecológico", dijo el PAC.

"Se trata además de acciones que violentan la institucionalidad. No sólo fue publicado el Decreto Ejecutivo que declaraba la minería de interés público y conveniencia nacional, sino que el mismo día se giró el permiso de corta. Esta ejecución frenética y concertada, demuestra los intereses creados y la complicidad de algunas autoridades públicas con este millonario proyecto", añade.