A pesar de los órganos de investigación con los que cuenta la Policía Nacional, la respuesta al oficio dirigido por la Fiscal Específica Electoral, Blanca Salgado, a la comisionada mayor Glenda Zavala, jefa de la Dirección de Auxilio Judicial, sobre delitos electorales por el uso de propaganda en instituciones públicas por parte del partido de Gobierno, fue que especificara cuáles eran éstos, pese a que los mismos son mencionados a diario en los medios de comunicación, además que están a simple vista en cualquier calle del país.
En una reunión sostenida ayer por Salgado y la comisionada Zavala, la fiscal electoral dijo que la jefa policial le solicitó una mayor definición de las instituciones públicas que tienen propaganda electoral a favor de las fórmulas edilicias del partido de Gobierno, “para no perder tiempo”.
No obstante, la fiscal electoral no quiso pronunciarse sobre si la Policía Nacional no quiere ver las pruebas que están a la vista.
“La realidad de las cosas es que acá la Policía Nacional tiene que hacer su trabajo investigativo, yo le había orientado jurídicamente una investigación en relación con las inspecciones en las instituciones del Estado, pero ella (Zavala), para mayor claridad me dice que le defina en cuáles instituciones del Estado”, expresó Salgado.
Salgado recordó que cuando solicitó la investigación de oficio a la Policía Nacional, les manifestó que eran todas las instituciones del Estado, pero al parecer Zavala espera una lista concreta de las mismas, por lo que la representante del Ministerio Público procedió a complementar la información con las pruebas que han recopilado representantes de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que suman unas 28 oficinas estatales, en las cuales se centrará la investigación de las autoridades policiales.
La fiscal electoral señaló que una de las pruebas más evidentes con que cuentan, es la valla ubicada en las afueras de las instalaciones de Enabas y la Planta Managua, ubicada en la Carretera Norte, valla que le hizo notar una fotografía a cuatro columnas en este Diario.
NO QUISO REFERIRSE AL TEMA
LA PRENSA se comunicó con la comisionada mayor Glenda Zavala para consultarle sobre la reunión, la que no quiso precisar si efectivamente ocurrió, agregando que la semana pasada se brindó una conferencia de prensa, en la que informaron que estaba en revisión la solicitud realizada por la fiscal Salgado.
Zavala, quien se excusó de hablar sobre el tema ya que señaló que se encontraba en una reunión y que se le llamara más tarde —llamadas que ya no respondió—, se limitó a decir que no se había procedido a visitar todavía las instituciones mencionadas.
POLICÍA DEBE ACTUAR
Otro aspecto por el que son señaladas las fórmulas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la comisión de delitos electorales, además de propaganda en las instituciones públicas, es por el uso de recursos del Estado, ya que en las caravanas que realizan durante sus actividades de campaña electoral, son observados vehículos estatales que además de participar en las mismas, trasladan a simpatizantes y partidarios del partido de Gobierno.
Ante esa situación, aunque dijo que se le hace más difícil constatar ese tipo de delitos establecido en el artículo 107 de la Ley Electoral, la fiscal Salgado afirmó que la Policía Nacional tiene la potestad de retener el vehículo estatal por ser un bien del Estado.
“Porque si es un delito que está cometiéndose en flagrancia, la Policía Nacional tiene la facultad si se da cuenta que ese vehículo es del Estado, ellos están perfectamente facultados, la ley los obliga a detener ese vehículo, porque ese vehículo está siendo utilizado, ese vehículo es del Estado, y la Policía Nacional tiene toda la facultad para detener a la persona que conduce ese vehículo porque es del Estado”, precisó Salgado.
La fiscal Salgado no pudo precisar si esa misma facultad la tienen los efectivos policiales que resguardan las actividades de los candidatos, ni si el no detener el vehículo estatal sea un incumplimiento de sus labores.
“No quiero yo decir si la Policía Nacional está incumpliendo o no, pero la realidad es que si el órgano policial, el órgano investigador se da cuenta de que se está cometiendo un delito, y se está cometiendo frente a su... como quien dice, en las narices de la propia Policía, ellos tienen la obligación de detener y así se les instruyó en las capacitaciones que se les dieron varios días atrás”, manifestó Salgado.
La representante del Ministerio Público añadió que los miembros de la institución policial saben que tienen la autoridad suficiente para retener no sólo el vehículo estatal, sino al funcionario que lo utiliza en la actividad proselitista, e iniciar un proceso investigativo a ese ciudadano.
En lo que se refiere a la actuación del candidato del partido de Gobierno, Alexis Argüello durante su gestión como vicealcalde, en la que solicitaba recursos de la comuna para actividades que no ha precisado, Salgado respondió que no correspondería a la Fiscalía Electoral realizar una investigación, ya que eso está vinculado al aspecto administrativo y tiene que ser por otras vías legales.
