Las inhabilitaciones decretadas contra políticos venezolanos, algunos de ellos precandidatos en las elecciones regionales de noviembre, son "constitucionales", declaró el jueves a la AFP el Contralor de la República, Clodosbaldo Russian, reaccionando a un crítico documento del Consejo de Europa.
El responsable, encargado de vigilar el orden de las finanzas públicas, tomó hace meses la decisión de inhabilitar a 272 políticos, la mayoría de oposición, lo cual les impidió postularse a los comicios regionales.
"Las inhabilitaciones en Venezuela son el resultado de una lucha constante y permanente contra la corrupción. Todos los inhabilitados, en su desempeño de las funciones públicas, no fueron lo suficientemente diligentes en el manejo de los fondos públicos y recibieron una sanción", declaró Russian.
La semana pasada, durante la reunión semestral de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 22 diputados firmaron un documento en que se considera estas inhabilitaciones venezolanas "una violación clara de la democracia y el pluralismo".
"Me temo que los 22 parlamentarios no están debidamente informados. Nosotros no sancionamos a personas sino a costumbres. La decisión está sujeta al marco constitucional y es legal", agregó Russian.
La decisión del contralor de inhabilitar a los políticos fue respaldada posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia, que la consideró "constitucional" y no creyó necesario que los políticos cuestionados fueran juzgados previamente por estos supuestos delitos de corrupción.
En el documento del Consejo de Europa, que no es una decisión institucional y sólo incumbe a los 22 firmantes, se condena además la expulsión de Venezuela el 18 de septiembre del representante de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, después de la presentación de un crítico informe contra el gobierno del presidente Hugo Chávez.
"Todo esto forma parte de una política global que quiere debilitar al gobierno y Estado venezolano", aseguró Russian, considerando que Vivanco se "inmiscuyó en los asuntos internos de Venezuela" y presentó un informe que era una "provocación".
