MÉXICO .- Varios Organismos No Gubernamentales (ONG) mexicanos han intensificado la campaña informativa contra la explotación infantil en el país, un fenómeno que afecta, según datos de UNICEF, a unos 16.000 adolescentes, en su gran mayoría niñas, informó hoy a Efe la directora del grupo Infancia Común, Raquel Pastor.

La activista participó esta semana en la presentación de la segunda etapa de la campaña "¡Simplemente no lo aceptamos!", que incluye, entre otros, distribución de información en lugares públicos, conferencias, un concurso de artes visuales y una carrera atlética.

La iniciativa involucra a cerca de 80 organizaciones y a hoteles y bares de las áreas turísticas consideradas de alta incidencia de este fenómeno, como la zona de Cancún, en el Caribe mexicano, o de Puerto Vallarta, en el Pacífico.

El concurso de artes visuales está dirigido a centros de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Fundación Lorena Alejandra Gallardo.

Con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre la problemática, la competición demanda a los concursantes imágenes sobre el tema y premiará al ganador con la impresión y distribución de 2.000 pósters.

Infancia Común recuerda que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la ESCI (explotación sexual comercial infantil) como "una violación de derechos humanos y una forma de explotación económica que ocurre cuando una persona o grupo de personas enganchan o utilizan a niños".

En ese caso "niñas y adolescentes vienen enganchados en actividades sexuales con el objetivo de satisfacer sus intereses o los de personas terceras, a cambio de cualquier remuneración, sea económica o de otro tipo", agrega la definición.

"Los niños, niñas y adolescentes en México se encuentran en indefensión total ante la ausencia de leyes específicas que los protejan, lo que hace al país un paraíso para la explotación sexual comercial infantil", señaló Pastor.

La activista sostuvo que las leyes "no sirven de nada, ya que aún no aterrizan en una política pública", y denunció que, además, "hay autoridades involucradas en los delitos".

"Por otra parte, al no ser reconocidos como sujetos de derecho ante la ley, las niñas, niños y adolescentes están impedidos de presentar una demanda ante alguna instancia judicial, ya que deben acudir acompañados de un adulto, tutora o tutor que en ocasiones son los victimarios", lamentó.