Nicaragua posee el sistema electoral más cuestionado y partidarizado en Centroamérica, revela uno de los principales hallazgos del Informe de la Región en Desarrollo Humano Sostenible, el cual lo califica como “preocupante”.
Los cambios al sistema electoral con la reforma a la Ley 331, aprobada por el parlamento en enero del 2000, “crearon ventajas sistemáticas que favorecen al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”, explica el documento presentado esta semana en la Universidad Americana (UAM), en Managua.
Añade que la reforma a la Ley Electoral consolidó el control bipartidista del FSLN y el PLC sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE) y, en general, “sobre el conjunto de la estructura de la gestión electoral en todo el país”.
Además, la modificación a la Ley Electoral “reinstauró el monopolio de los partidos sobre la candidatura a puestos públicos, al eliminar las potestades que la reforma electoral de 1990 había otorgado a las agrupaciones no partidarias”.
Luego se critica el hecho de que esa reforma haya impuesto más barreras para la inscripción de nuevos partidos políticos.
MEGAPODERES DEL CSE
Al mismo tiempo cuestiona que al CSE se le haya dado la facultad de eliminar agrupaciones políticas que no participen en una elección y se hayan establecido “umbrales menores para la elección del Presidente de la República del 2007, donde salió electo el actual presidente Daniel Ortega”.
“Estas reformas constituyen una regresión democrática y, pese a lo competido de las últimas elecciones , han sido fuente de críticas internas e internacionales”.
El informe presenta más de 200 indicadores sociales, del año 2004 al 2007.
