La presidenta de la junta directiva de Los Pipitos, Mirna Bravo, denunció que delegados de su organización y familiares de cuatro niñas con discapacidad abusadas sexualmente en Ocotal, Nueva Segovia, han recibido amenazas de muerte supuestamente por miembros de la familia del abusador, de nombre Eddy Ramón Meneses González.
A finales del mes pasado, Meneses González fue encontrado culpable por el delito de violaciones múltiples en perjuicio de cuatro niñas que sufren de retardo mental y sordomudez. Las víctimas eran estudiantes de la Escuela Especial Niño Jesús de Praga.
El juicio duró 13 meses por acciones de retardo de la defensa del acusado, pero al final sus alegatos no valieron y el jurado lo encontró culpable.
Según la presidenta de Los Pipitos, desde la realización del juicio los familiares del abusador habrían lanzado improperios a “nuestros delegados y padres de las víctimas, pero ahora se hacen amenazas telefónicas de muerte y eso hay que denunciarlo”.
TIENEN TEMOR
Aunque dijo que le corresponderá a la Policía Nacional investigar lo de las llamadas telefónicas, todo hace indicar que los responsables son los familiares de Meneses González, un joven de 24 años.
“Como humanos tenemos miedo, pero tenemos hijos y no vamos a permitir que se sigan violentando los derechos a las personas con discapacidad, cualquier situación que nos pase caerá sobre los familiares del violador”, dijo la delegada de Los Pipitos en Ocotal, Nidia Torres.
NO A IMPUNIDAD
En conferencia de prensa, Norma Moreno, Procuradora Especial para la Niñez y la Adolescencia, pidió a las autoridades castigar siempre a cualquier abusador sexual de niños. “Pero hay que ser más rígidos —añadió— cuando las víctimas tienen alguna discapacidad”.
Al mismo tiempo consideró que las autoridades del Ministerio de Educación (Mined) deben de capacitar en derechos humanos al personal docente y ser más exigentes en su selección.
“El Ministerio Público, la Policía Nacional deben utilizar todos los argumentos, los asideros jurídicos que establece nuestra legislación para garantizar la no impunidad y el acceso a la justicia a las víctimas. Y ante estas amenazas hay que darles seguridad a las personas afectadas, la (primera) comisionada Aminta Granera debe darles protección”, dijo Moreno.
Ante las supuestas amenazas de muerte, de acuerdo a las denunciantes, las madres, las profesoras y personal de Los Pipitos tienen temor de laborar en la escuela Niño Jesús de Praga. Aseguran que algunas madres también han dejado de mandar a sus hijos a la escuela, por temor a que algo pueda suceder en el interior o cercanía de la misma.
“Ellas sienten bastante temor porque tienen que cruzar un predio baldío para poder llegar a la escuela. Por eso en días pasados ya fueron a la Policía a buscar protección, espero que la tengamos”, concluyó por su parte Nidia Torres.
