Bogotá, Colombia.- Si uno pregunta, los colombianos suelen decir que hoy viven más tranquilos que hace algunos años, cuando los atentados eran frecuentes en sitios públicos y los piquetes de la guerrilla aterrorizaban en las periferias de la capital; pero el visitante extranjero se topa con un ambiente tenso en las entradas de hoteles, parqueos y centros comerciales, donde los agentes privados se auxilian de perros entrenados para detectar explosivos.
La política de “seguridad democrática” del presidente Álvaro Uribe ha tenido efectos positivos, según ciudadanos que recuerdan cómo hace menos de una década les daba temor ir al cine o a comer con la familia en sitios céntricos de la ciudad.
Aunque hay más control de las autoridades, como me comentó un policía, también existen nuevas amenazas como las develadas hace ocho días por el diario El Espectador, de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pretenden aumentar las acciones terroristas, en represalia por los golpes que les ha dado el Gobierno.
Un taxi con 90 kilos de explosivos estalló frente al Palacio de Justicia de Cali, el primer día de septiembre pasado, dejando un saldo de cinco muertos y 26 heridos. Las autoridades confirmaron que ese atentado fue obra de las FARC.
Para los ciudadanos hay crímenes difíciles de olvidar. La Fiscalía acusó la semana pasada a Hernán Darío Velásquez, jefe de la columna móvil de las FARC Teófilo Forero, de haber participado en un atentado en la zona rosa de Bogotá, el 15 de noviembre del 2003, cuando guerrilleros lanzaron granadas contra dos establecimientos comerciales, mataron a una persona e hirieron a 73.
Las FARC, clasificada como terrorista por los gobiernos de Estados Unidos y los países que forman la Unión Europea, siguen secuestrando civiles en Colombia y ahora más cerca de la frontera con Venezuela, donde se mueven con ventaja y cierta protección del gobierno de Hugo Chávez.
El gobernador de la zona colombiana de Arauca, Fredy Forero, denunció la semana pasada que los guerrilleros están haciendo secuestros “récord”, que consisten en llevar a sus víctimas a la zona fronteriza con Venezuela, porque allí cuentan con alguna colaboración de la guardia de esa país.
“La gente no está denunciando, porque el tema es: me lo llevo (al secuestrado) y tan pronto como entregue la plata lo devuelvo, amedrentando así a la gente de nuestro departamento”, afirmó el gobernador colombiano.
A pesar de las múltiples pruebas que confirman el carácter terrorista de las FARC, el Gobierno venezolano continúa estrechando vínculos con esos guerrilleros, en una política peligrosa que involucra a otros aliados de Chávez, entre éstos al presidente nicaragüense Daniel Ortega.
La Agencia Bolivariana de Prensa divulgó el miércoles un comunicado del bloque oriental de las FARC, al mando de Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, también miembro del secretariado de la guerrilla, en que manifiestan su disposición de defender en el “frente de batalla” el proyecto revolucionario de Hugo Chávez.
Eso confirma una alianza mayor entre las FARC y el promotor del “socialismo del siglo XXI”, que en Nicaragua tiene como socio a Ortega; y también indica una mayor amenaza para quienes se oponen en América Latina a ese proyecto político que, además de dictatorial, ya recibe el apoyo abierto de los terroristas.
