Sin duda que si el FSLN ganara las elecciones municipales del próximo 9 de noviembre, es decir, si lograra mantener y aumentar la cantidad de gobiernos municipales que tiene ahora bajo su control, que son más de ochenta, Daniel Ortega se sentiría autorizado para avanzar más drásticamente en su pretensión de instaurar una nueva dictadura.
Por otra parte, el triunfo de Ortega en las elecciones de noviembre podría significar el fin de la democracia municipal en el país, porque los candidatos orteguistas a alcaldes, vicealcaldes y concejales se han comprometido, por voluntad propia u obligados, a gobernar los municipios bajo el comando de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que como muy bien se sabe están al servicio directo y personal de Daniel Ortega, su familia y su grupo oligárquico. O sea que esos municipios ya no serían gobernados de acuerdo con la Constitución, sino de conformidad con los intereses, la voluntad y el capricho de Daniel Ortega, a través de sus CPC.
Desde que Daniel Ortega asumió de nuevo la Presidencia de Nicaragua, en enero del año pasado —gracias a que el ex presidente Arnoldo Alemán bajó a 35 por ciento de los votos el requisito para ganar la elección presidencial y dividió por eso al Partido Liberal—, la autonomía y la democracia municipal se han venido debilitando en casi todos los municipios gobernados por el Frente Sandinista. Un caso muy representativo de lo que pasaría con los gobiernos municipales, si el FSLN ganara las elecciones de noviembre próximo, es el tratamiento sectario y discriminatorio que la pareja presidencial le ha dado al Alcalde de Managua, Dionisio Marenco, quien es sandinista pero su singular popularidad motiva el celo político de Daniel Ortega. Además, Marenco no se quiso someter a los CPC, sino que ha gobernado y administrado la ciudad capital de conformidad con lo que mandan la Constitución y la Ley de Municipios. Y por eso es que Ortega lo “castiga” con su desprecio.
En el artículo 177 de la Constitución se dice que “los municipios gozan de autonomía política administrativa y financiera. La administración de los mismos corresponde a las autoridades municipales”. Y se agrega que “la autonomía es regulada conforme la Ley de Municipios…” Sin embargo, si Daniel Ortega y el FSLN ganaran las elecciones municipales de noviembre, lo más probable es que esa disposición constitucional sea obviada y los municipios ya no serían administrados realmente por las autoridades municipales electas por la población, sino por los CPC, o sea por Daniel Ortega y el grupo familiar, oligárquico, autoritario y corrupto que lo rodea.
La autonomía municipal es uno de los fundamentos del espíritu republicano democrático, una garantía básica de la participación ciudadana en las decisiones de gobierno. Sin una verdadera autonomía municipal, y si las decisiones de gobierno de las poblaciones locales son subordinadas a la voluntad y los intereses de los gobernantes que manejan el poder desde un centro oligárquico, no puede haber república ni democracia. Y por lo tanto no hay libertad.
Los problemas que interesan y afectan en forma directa y cotidiana a la gente, en sus localidades y vecindarios, tales como el estado de las calles y de los caminos, el ornato citadino y el aseo público, por ejemplo, sólo pueden ser resueltos en forma rápida y eficiente por los gobiernos municipales. Cuando esos asuntos tan importantes de la vida básica de la gente forman parte de la agenda nacional y dependen del Gobierno Central, lo más seguro o probable es que queden retrasados, cuando no abandonados y olvidados. Además, la población, los ciudadanos, los vecinos, pueden controlar la gestión y el comportamiento de las autoridades municipales con mucha mayor facilidad y efectividad que a las autoridades nacionales y al poder central.
La autonomía municipal es una herramienta básica para atender las necesidades directas e inmediatas de la población, mientras que el gobierno centralizado concentra el poder y monopoliza la administración de los recursos y los intereses de la población. De manera que todo lo que se ha avanzado en el campo de la autonomía municipal, que es la verdadera democracia participativa, se echaría a perder en el caso de que Daniel Ortega y sus CPC ganaran las elecciones de noviembre. Esto es algo que las fuerzas políticas y los ciudadanos democráticos no deben permitir con veleidades abstencionistas ni con votos nulos que sólo podrían favorecer al orteguismo.
