A la entrada del Palacio Nacional tres rostros sonrientes dan la bienvenida. Son Alexis Argüello, Daysi Torres y Enrique Armas, estampados en papeletas con fondo rosado. El trío está a la caza de la silla municipal, escoltados por la bandera partidaria que en los últimos días ha poblado varias instituciones del Estado, como marcando territorio.
En el edificio del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) una inmensa Bandera azul y blanco ondea junto a otra del mismo tamaño, pero mitad roja, mitad negra y con grandes letras blancas: FSLN.
¡Estamos en campaña! El pasado 25 de septiembre el Consejo Supremo Electoral (CSE) dio el “banderillazo de salida”. Hoy, a tan sólo diez días de iniciada la recta final, las quejas y acusaciones por delitos electorales acusados entre uno y otro partido ocupan espacio en las agendas de los medios de comunicación.
Un partido se queja porque otro ha destruido parte de su propaganda electoral. Otros reclaman por el proselitismo partidario en los edificios públicos. Mientras tanto, el CSE dice estar atento a “cualquier anomalía” y la Fiscalía Electoral se supone que actúa en pro del cumplimento de la Ley Electoral. Sin embargo, hasta ahora ambas instancias parecen hacerse “de la vista gorda” ante las denuncias públicas.
El 2 de septiembre pasado, un representante del Instituto Republicano Internacional (IRI) rindió declaraciones ante la Fiscalía Electoral, luego de que ésta atendiera la denuncia hecha por el CSE, por supuesta violación a la Ley Electoral ocurrida tras las declaraciones de Vicente Fox durante su visita en los primeros días de agosto.
Las contradicciones saltan como conejos. Cuando a la Fiscal Electoral, Blanca Salgado, se le preguntó en julio pasado sobre lo que haría su institución contra el evidente delito de usar instituciones de gobierno para realizar proselitismo partidario, se escudó en que “los delitos electorales se cometen dentro de la campaña electoral”, es decir, a partir del 25 de septiembre. Sin embargo, no tuvo ningún problema en llamar al IRI antes que comenzara la campaña y no se le ve haciendo nada contra la propaganda electoral en instituciones estatales ahora que comenzó la campaña, a pesar que la ley la prohíbe expresamente.
Roberto Serrano, jefe de campaña de Eduardo Montealegre, candidato capitalino del PLC (Partido Liberal Constitucionalista), denunció que el 27 de septiembre dos días después de iniciado el período oficial de campaña, personas supuestamente pagadas por Rafael Ortega, del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), destruyeron propaganda liberal en toda la Carretera a Masaya, en el área de Las Colinas, en el Mirador, en Los Altos de Santo Domingo”.
La denuncia fue introducida ante el Consejo Electoral Municipal (CEM) de Managua. Ni la Fiscalía Electoral ni el CSE se han pronunciado.
Según la Ley Electoral, los delitos electorales deben ser denunciados ante la Fiscalía Electoral. Pero, Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Ipade (Instituto para el Desarrollo y la Democracia), señala que en estos casos “la Fiscalía Electoral debería tener una acción de oficio más beligerante en señalar si hay o no violaciones a la Ley en una serie de situaciones que se han estado denunciando en los medios sobre actos de proselitismo en edificios públicos y otros delitos”.
Hasta ahora estas acusaciones se han hecho de manera pública a través de medios de comunicación, pero no directamente ante la Fiscalía Electoral. A pesar que la legislación establece que el medio de denuncia debe ser de manera formal ante la Fiscalía, Zúñiga opina que la Fiscalía debería retomar las acusaciones públicas y actuar de oficio, ya que la Ley tampoco lo prohíbe.
“Además de que debe existir una acción de los partidos y los ciudadanos para denunciar estos hechos, debe haber una acción de oficio por parte de la Fiscalía Electoral, ésta no debería esperar que le lleguen a denunciar hechos que son más que evidentes y están a la vista y paciencia de la sociedad”, añade Zúñiga.
Domingo trató de contactar a la Fiscal Electoral, Blanca Salgado, para saber su versión al respecto, pero al parecer ella no permanece en su oficina por mucho tiempo, ya que no pudo ser contactada durante nuestra visita ni a través de las llamadas telefónicas realizadas.
Mientras tanto, en distintos edificios públicos como el Instituto de Seguridad Social, Enabas, el Instituto de Cultura, el Ministerio de Salud y hasta algunos centros educativos o filiales de la Alcaldía de Managua se han visto “adornados” con campaña política del partido de gobierno. Y hasta ahora, ni el CSE ni la Fiscalía Electoral han reaccionado.
El artículo 107 de la Ley Electoral “prohíbe el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política” y como todo delito, está penado con la cárcel.
“Proselitismo político es pegar un rótulo que hace propaganda electoral en un edificio público. Eso es un delito. Pero además el artículo prohíbe el uso de los bienes del Estado para fines de proselitismo político. Si hay una bandera de un partido político en una institución pública, eso es proselitismo, estás haciendo campaña partidaria y eso es contrario a la Ley. Habría que acusar al partido político y en este caso, al responsable del ministerio donde está eso”, explica Zúñiga.
El proselitismo que se ha visto en edificios públicos, y que se comprueba con la galería de fotografías presentadas en esta edición, demuestra que es el partido de gobierno FSLN el que está a la cabeza de estos actos, a pesar, que según Ipade, el Frente Sandinista debería más bien dar el ejemplo y respetar la Ley.
