El gobierno de Nicaragua anunció hoy que impedirá que organizaciones no gubernamentales (ONGs) "desvirtúen" o reciban fondos del exterior para actividades políticas, tras las masivas manifestaciones de este año contra el presidente Daniel Ortega.
"Estamos hablando de un núcleo de organizaciones -una o dos- que están claramente utilizando los recursos para hacer política. Y lo que queremos es que todo el mundo entienda que eso no va a suceder en este país", advirtió el viceministro y secretario de Cooperación Externa, Valdrack Jaentschke, en el oficialista canal 4 de televisión.
El gobierno inició en septiembre un proceso de revisión del funcionamiento de 4,500 ONGs registradas en el país, de las cuales 700 son investigadas por incumplir requisitos legales.
Asegura que en las pesquisas encontraron que algunas ONGs están "desvirtuando los recursos" que reciben de la comunidad cooperante, en proyectos ajenos al convenio, para financiar proyectos políticos o dar dinero a grupos sin personería jurídica.
Por ello orientó al Ministerio de Gobernación a vigilar si el desempeño de las ONGs se ajusta a los proyectos convenidos y establecer una cláusula específica en sus contratos de "no intervención en asuntos políticos" internos de Nicaragua, indicó Jaentschke.
"Así como el Ejército tiene que garantizar que no sea una fuerza militar la que intervenga (en el país), nosotros tenemos que garantizar que ninguna fuerza política, ni de interés político viole la soberanía" a través de las ONGs, alegó el funcionario nicaragüense .
La regulación abarcará a entre 70 y 100 ONGs internacionales que están en el país, precisó. Jaentschke enfatizó que las ONGs tendrán que limitarse a ejecutar los proyectos que buscan "mejorar las condiciones de desarrollo" en el país y tendrán prohibido emitir opiniones, participar o apoyar actividades políticas.
La mayoría de las organizaciones señaladas han criticado la gestión del presidente Ortega, entre las que figura la Coordinadora Civil, que este año movilizó a miles de personas para protestar contra la carestía de la vida y en defensa de la democracia.
También está el Centro de Investigación CINCO, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-97).
Chamorro difundió el año pasado un reportaje, en la prensa escrita y televisada, sobre un millonario soborno que un funcionario, vinculado a la cúpula del mandatario Ortega, pidió supuestamente a un grupo empresarial.