LIMA . - El gobierno y las fuerzas armadas negaron hoy acusaciones por la desaparición de 11 personas luego de un reciente enfrentamiento de militares con remanentes guerrilleros de Sendero Luminoso, en un sector selvático de Ayacucho.

En el combate en el valle de los Ríos Apurímac y Ene registrado el 14 de septiembre, murieron 4 presuntos guerrilleros, un militar y otros 18 efectivos resultaron heridos.

"No existe ningún civil herido o desaparecido", aseguró el ministro de Defensa Antero Florez-Aráoz.

Por su parte, el comando conjunto de las fuerzas armadas señaló en una declaración que como consecuencia de los enfrentamientos hubo 18 detenidos, cinco de los cuales no portaban cédulas de identidad.

Declaraciones de una residente en el lugar del operativo que sobrevivió al enfrentamiento, identificada como Lucy Pichardo, denunció a la prensa que cinco de sus familiares y otras siete personas se encuentran desaparecidas y que presuntamente habrían muerto.

INTERPONEN RECURSO DE HABEAS CORPUS

Una organización de derechos humanos interpuso un recurso de habeas corpus en favor de los presuntos desaparecidos y la Defensoría del Pueblo manifestó su interés en investigar el hecho, pero no ha podido acudir al lugar por falta de recursos.

Informes de derechos humanos en el pasado han sostenido que en la guerra sucia entre militares y los senderistas se habrían cometido excesos y ultimado o hecho desaparecer a civiles.

Florez-Aráoz afirmó que no es efectivo que los militares hayan bombardeado poblaciones civiles y que en, cambio, se procedió a destruir pozas de maceración para la elaboración de cocaína. Las autoridades denominan a los senderistas como narcoterroristas por la estrecha vinculación que tendrían con el tráfico de cocaína.

A su vez los militares sostuvieron que las "organizaciones narcoterroristas" hacen denuncias sobre violaciones de los derechos humanos como una forma de desprestigiar al ejército. El jefe de esa institución, general Edwin Donayre, aseguró que si a miembros de su institución en la zona se les comprueba algún exceso o violación de los derechos humanos se les aplicarán las máximas sanciones y serán denunciados ante el ministerio público.