Gustavo Porras da media vuelta, se aleja tres pasos y responde con voz suave, apagada, y de espaldas: “Está buena la propaganda”.
La inusual economía de palabras del generalmente agitado y verborreico diputado y dirigente sindical del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) surgió al consultársele sobre la propaganda oficial en edificios públicos, en período de campaña electoral.
Porras es media risa y medio silencio sobre el tema.
“Están buenas, están buenas esas propagandas”, añadió en un segundo intento. Luego volvió a callar.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene en las instituciones públicas anuncios partidarios. Las banderas rojinegras del FSLN danzan en los ministerios.
Como Porras, los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) también guardan silencio.
El artículo 175 de la Ley Electoral, en su numeral ocho, establece arresto inconmutable de uno a dos años al que “usare bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política”.
La diputada del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, Mónica Baltodano, acusó al Gobierno de Ortega de no aprender de los errores del pasado.
Baltodano formó parte del primer Gobierno de Ortega. Lo acompañó en la oposición en los años noventa y desistió del FSLN cuando se firmó un pacto con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
“Ellos (FSLN) están actuando como si toda la vida van a estar en el poder. No aprendieron las lecciones de los años ochenta y uno se da cuenta de que todo este tipo de acciones lo que hacen es quitar el respaldo de la gente, decepcionar a la gente que votó por ellos y a la larga va a perjudicarles a ellos mismos”, dijo Baltodano.
Los aliados al FSLN, los diputados Agustín Jarquín y Miriam Argüello, rechazaron la semana pasada el uso partidario de edificios estatales.
