Los más de cuatro mil cañeros que durante 16 años demandaron el reconocimiento del 25 por ciento de acciones en cuatro ingenios del país, después de los acuerdos de concertación, están esperanzados en un acuerdo decisivo con el gobierno de Daniel Ortega.
Aunque esto se traduce en una indemnización, ninguno de sus representantes, que ayer lo anunciaron en una conferencia de prensa en la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que actuó como garante del proceso negociador, quiso referirse al monto, o la forma en que podrían ser compensados.
Alegaron que según los acuerdos de concertación suscritos en marzo de 1992, a ellos les correspondía el 25 por ciento de las acciones de los ingenios Benjamín Zeledón, en Rivas; Javier Guerra, en Nandaime; San Antonio, en Chichigalpa y Monte Rosa, en El Viejo, pero en ninguno de los casos les fue reconocido, cuando fueron despedidos.
César Mairena, analista de la delegación departamental Managua de la Procuraduría de Derechos Humanos, en su calidad de garante, anunció que el 26 de noviembre los cañeros iniciarán una negociación con la Cornap y la Procuraduría General de la República, después que en agosto pasado concluyó el proceso de depuración de los beneficiados.
Mairena dijo que el resarcimiento será de forma directa, ya que no serán los representantes de los cañeros quienes adquieran los beneficios mediante un poder generalísimo. Incluso, mencionó que en el caso de fallecidos, los familiares de ex trabajadores cañeros gestionan ante los tribunales la declaratoria de herederos. “Para que en el momento que se le haga efectiva la entrega del beneficio, lo reciban acreditando su condición de familiar del fallecido; con su sentencia de declaratoria de herederos”.
Explico Mairena que han conocido por parte de la PGR que la reunión ha sido programada hasta noviembre próximo, dado que actualmente priorizan casos de propiedad donde ha habido conflictos entre grupos armados.
Tanto los representantes de los cañeros como Mairena recordaron que han mantenido una lucha permanente para que se les reconocieran sus derechos.
Señaló que el gobierno de Enrique Bolaños los mandó a ventilar esta situación a través de la vía judicial, desconociendo de esta manera los acuerdos que había suscrito el gobierno en 1992, durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
Sobre el monto que significa el 25 por ciento accionario, ninguna de las partes quiso referirse.
Mairena manifestó que los representantes de los cañeros la darán a conocer al momento que empiece la negociación con la comisión gubernamental.
“Será objeto de la mesa de negociación; si se va a dar, de qué manera, (si será con) propiedades, (o) dinero, es lo que se va a determinar dentro de ese proceso de negociación, en esa mesa de trabajo que se efectuará el 26 de noviembre del 2008 en la Procuraduría General de la República”, apuntó Mairena.
Marcos René Sandino, en representación de los cañeros, reconoció la disposición del gobierno de Ortega de negociar sus demandas. Refirió que con esto tratan de asegurar que a los beneficiados les llegue lo que les corresponde.
“Aquí lo que demandamos realmente es que se retribuya económicamente una indemnización”, manifestó Sandino, quien evitó de esa manera adelantar de cuánto es el monto que demandarán.
