La Procuraduría General de la República (PGR) informó que dos mujeres detenidas en Managua, y trasladadas a Boaco donde se les acusa por delitos de tráfico de tierras, ya se encuentran bajo prisión preventiva por orden del Juzgado de Distrito de lo Penal de Audiencia de Boaco, a la espera de ser enjuiciadas.
La PGR señala que una de ellas es notario público, María de los Ángeles Narváez Pereira, y se le imputa el haber realizado escrituras de cancelaciones de hipoteca y ventas de propiedades del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Supuestamente Narváez Pereira hacía comparecer falsamente a Mario Flores Loáisiga, funcionario del BCN, en escrituras que fueron reportadas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se refieren a propiedades ubicadas en Boaco y Matagalpa, así como en otros lugares del país.
La otra persona procesada es Claudia Lisseth Vásquez Pérez, quien aparentemente no es abogada pero sí estudió Derecho, y quien se habría valido de sus relaciones con miembros de la ex Resistencia para presuntamente traficar con tierras. Al momento de su captura fungía como asesora para asuntos de la Resistencia en el Ministerio de Gobernación (Migob).
Claudia Vásquez, según las investigaciones de la PGR, ha sido vinculada con la ex notario uno del Estado, Morena Avilés Serrano, quien ya fue condenada en dos ocasiones por delitos de tráfico de tierra.
Esta vez a Vásquez Pérez y Narváez Pereira se les acusó por los delitos de asociación ilícita para delinquir, estafa, estelionato y falsificación de documentos públicos.
La procurador penal Claudia Núñez Ramírez, coordinadora de la Unidad contra Delitos Económicos de la PGR, expresó que la detención de las procesadas fue producto de una investigación y trabajo arduos, en la cual colaboraron la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía (DAJ) y el Ministerio Público.
Según la procuradora Núñez, hasta el momento se ha detectado la venta fraudulenta de 93 propiedades del BCN.
Núñez agregó que existen otros casos de falsificación de Títulos de Asignación y de Títulos de Reforma Agraria, que han sido utilizados para vender propiedades, tanto de particulares como del Estado, casos que igualmente se están investigando para encontrar a los responsables.
Entre los departamentos más afectados por el tráfico de tierras se encuentran Boaco, Chontales, Matagalpa, Bluefields y El Rama, según sostuvo la procuradora Núñez.
La funcionaria de la PGR explicó que los traficantes de tierra, que tenían relación con líderes de los desmovilizados de la Resistencia, usaron nombres de abogados que trabajaron en el BCN, en el período de transferencias de bienes de bancos en quiebra al BCN.
Estas propiedades las perdieron los productores con los extintos bancos (Banic y Banades), luego fueron transferidas al Banco Central y, en el proceso de ordenamiento del mismo los productores siguieron manteniendo la tenencia de las propiedades.
“Los productores nunca fueron desalojados por parte del BCN, lo que hizo que mantuvieran la esperanza de poder recuperar las propiedades, y ejercían presión demandando la titulación de las mismas, situación que fue aprovechada en la Campaña Electoral Municipal del año 2004 por los traficantes, que haciéndose pasar como representantes del BCN prometieron legalizarles el problema de sus propiedades, simulando tener influencia y así otorgaron un sinnúmero de escrituras falsas de cancelaciones de hipoteca y de compra-venta de propiedades”, manifestó la procuradora Núñez.
La funcionaria agregó que los traficantes de tierra “utilizaron nombres de notarios que habían trabajado para el BCN, tales como Danilo Gamaliel Gutiérrez Arriaza, Gloria Patricia Silva Cárdenas, Róger Salvador Alfaro Cortez, Sergio Luis Jarquín Bellorín, así como nombres de reconocidos notarios como la doctora Susana Alicia Sotelo, entre otros, igualmente utilizaron nombres de notarios fallecidos como la doctora Marta Ivania Maradiaga”.
Para realizar estas ventas fraudulentas aparentaban la comparecencia de funcionarios y ex funcionarios del BCN, como el caso de Mario Flores, ex presidente del Banco Central, Magally Sáenz, José de Jesús Rojas, entre otros. De la misma manera simularon la comparecencia de miembros de las Juntas Liquidadoras de los Bancos quebrados, continuó explicando Núñez.
Uno de los casos es el de Sixto René Campos Urbina, en Boaco, a quien le estafaron el monto aproximado de un millón de córdobas por la venta de las fincas Brasilia y Las Brisas.
Otros casos emblemáticos llegaron hasta el punto de ocasionar la quiebra de algunos productores, como el caso de Bismarck Peña Jarquín, quien pagó alrededor de 70 mil dólares por la compra de dos propiedades en Río Blanco, siendo ésta una de las zonas más afectadas por el accionar de Claudia Vásquez, incluyendo a la ex notario del Estado, Morena Avilés.
El daño patrimonial al Estado resulta incalculable, tomando como ejemplo el caso de dos de las noventa y tres propiedades, en el caso de la finca Las Brisas se afectó al Estado en 2 millones 648 mil 600 córdobas.
