El Grupo Promotor de las Reformas Electorales, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, ha presentado una propuesta de catorce enmiendas que es indispensable hacer a la Ley Electoral, para evitar que se repitan situaciones como la que ha sido creada por el escandaloso fraude que el FSLN y el gobierno de Daniel Ortega, con la complicidad de la mayoría de magistrados del Consejo Supremo Electoral, cometió en los recién pasados comicios municipales del 9 de noviembre.
En términos generales, la propuesta de reformas a la Ley Electoral apunta a mejorar la calidad de la democracia nicaragüense, según explicaron los representantes del Grupo Promotor al presentarla ante los medios de comunicación, el martes de esta semana. Dicho de manera resumida, las reformas que propone el Grupo Promotor se refieren en primer lugar a eliminar la amplia discrecionalidad de los magistrados que controlan el Consejo Supremo Electoral, la cual les ha permitido proceder de la manera tan irresponsable e irrespetuosa de la voluntad popular, como actuaron en las elecciones municipales del 9 de noviembre.
La propuesta de reformas pretende también dar garantías de capacidad y de honradez profesional, política y personal, de quienes integren los Consejos Electorales Departamentales y Municipales, así como las Juntas Receptoras de Votos, que deben ser integradas con ciudadanos escogidos en forma aleatoria de entre los padrones electorales. E igualmente quieren dar seguridad y confianza al escrutinio y la divulgación de los resultados preliminares, provisionales y definitivos de las votaciones.
Por otro lado el Grupo Promotor de las Reformas Electorales propone que se mejoren y esclarezcan los recursos y sus procedimientos en materia de votación, escrutinio y transmisión de resultados de las votaciones, así como los que se refieren a apelación, impugnación, revisión y nulidad de los resultados de las votaciones. Lo cual es absolutamente indispensable pues ni siquiera las decisiones del Consejo Supremo Electoral deberían ser fatalmente inapelables. En este mismo sentido la propuesta incluye la determinación de un plazo razonable para la inscripción de los partidos y alianzas que participen en las elecciones, así como la obligatoriedad de la verificación ciudadana acompañada por una amplia campaña de educación y motivación cívica de participación democrática.
Algo que es de máxima importancia —como lo demostró el descomunal fraude electoral en los comicios municipales recién pasados— es que se debe precisar categóricamente en la ley la obligatoriedad de la observación electoral independiente, nacional e internacional, es clave para la transparencia de los comicios y para disuadir cualquier tentativa de fraude de los políticos tramposos, que abundan en Nicaragua. Y es necesario que en la iniciativa de ley de reforma a la Ley Electoral se garantice la implementación del voto en el extranjero.
En realidad, todas las propuestas de reformas electorales fundamentales que desde hace tiempo ha venido trabajando el Grupo Promotor, son importantes y necesarias. Pero la más importante e indispensable es la que no se menciona. Se trata de que ninguna reforma legal y política, por excelente que sea, podría tener éxito mientras el Consejo Supremo Electoral continúe dominado por quienes lo manejan ahora, o sea por personas que no están al servicio de la población y de la democracia sino de la oligarquía orteguista que desgobierna el país. Eso sería como echar vino nuevo en un barril viejo, peor aún, podrido.
Personas como Roberto Rivas, Emmet Lang y René Herrera, para mencionar a los más visibles, sólo pueden ser garantía de arbitrariedad en materia electoral, de fraudes iguales o peores al que hicieron y avalaron en las municipales del 9 de noviembre. Si estas personas siguen controlando el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega tendría garantizada su reelección en el 2011, mediante otro fenomenal fraude electoral, en el caso de que el PLC le diera la reforma constitucional que le permitiría reelegirse. De manera que, hay que repetirlo, unas enmiendas tan buenas como las que propone el Grupo Promotor de las Reformas Electorales, sólo podrían funcionar en el caso de que se limpie el Consejo Supremo Electoral de elementos tan perniciosos como son los actuales magistrados de este poder estatal.
La base de la verdadera democracia descansa en un sistema electoral auténtico, transparente y confiable, que no existe ahora. Ni podrá existir mientras los Rivas, Lang y Herrera sigan atropellando la democracia y manoseando la voluntad electoral democrática de la población nicaragüense.
