Una vez más Nicaragua enfrenta una situación crítica debido a la tensión suscitada a lo largo de todo el proceso de las elecciones municipales, agudizada el propio día de las votaciones y en el de la declaración oficial de los resultados y prolongada hasta el momento actual.
Se han referido y enumerado hasta la saciedad las irregularidades ocurridas antes, durante y después de las elecciones y la inconformidad e indignación del sector que se siente despojado de lo que ha considerado un triunfo en las urnas y de amplios sectores de la sociedad que sienten que su voto ha sido irrespetado por aquéllos que deberían haber sido los garantes del mismo y de la transparencia de todo el ejercicio electoral.
Esto ha llevado a trasladar a las calles la protesta y la reacción ante la misma ha producido atropellos y actos de violencia que lesionan los derechos fundamentales de la ciudadanía. Personas golpeadas, heridas y atropelladas, autos destruidos por agresores enmascarados armados de garrotes, morteros y machetes, radiodifusoras asaltadas y destruidas de manera brutal, como ocurrió en la ciudad de León, calles y rotondas tomadas a la fuerza con el consiguiente trastorno del tránsito de vehículos, entre otras manifestaciones de violencia. Pero la seriedad de la situación, sin desconocer lo grave que ya es en sí misma, trasciende a los hechos de violencia puntual, pues la reiteración de ese comportamiento agresivo ha creado ya un clima de inseguridad y una sensación de indefensión cada vez más generalizada.
El fin de toda sociedad es la paz, la posibilidad de armonía entre todos los componentes de la comunidad, a pesar de sus diferencias, o quizás, precisamente por ellas, y la paz sólo es posible si la sociedad está basada en la ley, pues ésta es la expresión normativa del contrato social, la expresión jurídica de la voluntad de los ciudadanos, los que, a través de las instituciones correspondientes, se han dotado de las reglas que rigen la conducta individual y colectiva y de los órganos encargados de su aplicación y cumplimiento.
Por ello cuando las propias instituciones encargadas de hacer respetar la voluntad general y la aplicación de la ley la transgreden, la sociedad pierde sus puntos de referencia y se erosionan las propias bases sobre las que se sostiene. La consecuencia de esto es el regreso a la comunidad primitiva regida por la ley de la fuerza y no por la fuerza de la ley, en donde el garrote y el mortero sustituyen a las normas jurídicas y a las instituciones.
En una situación semejante la anarquía se vuelve la norma de conducta y el caos sustituye al orden mínimo, que debe existir en todo grupo humano para que éste sea considerado como sociedad. La pérdida de confianza en la ley, en las instituciones y en los funcionarios que las titularizan, es un síntoma de “disociación de la sociedad”, de descomposición del cuerpo jurídico y político que debe regir la vida individual y colectiva y de debilitamiento de la seguridad ciudadana, que es la condición necesaria para que la coexistencia entre los seres humano sea posible.
La confianza en las leyes, las instituciones y las autoridades públicas responsables de su cumplimiento y aplicación, es la condición de la vida social. La ley, nos enseña Aristóteles, es la razón desprovista de pasión, la condición indispensable de una vida moral y civilizada, pues la verdadera autoridad política es la subordinación a la ley y el respeto a la libertad de los ciudadanos. En todo Estado, el soberano debe ser la Constitución Política y todo el sistema jurídico y no persona alguna que se pretenda depositaria de poderes absolutos.
La subordinación de todos, gobernantes y gobernados al imperio de la ley es la condición del Estado de Derecho y de la democracia, lo contrario es la arbitrariedad, el poder de facto y la violencia a la voluntad ciudadana. Por ello, la responsabilidad de todos, y principalmente de los que ejercen las funciones propias de la autoridad, es inmensa. El ejercicio de la función pública obliga a quien la ejerce a velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y deben ser los primeros en evitar su transgresión. Sólo así será posible restablecer el Estado de Derecho y la democracia y con ellos la confianza, la armonía y la paz de todos los nicaragüenses.
