Libertad

“La libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer”.

Irrespeto a Sandino

El señor presidente Daniel Ortega usa el apellido Sandino para mantenerse en el poder. El general Sandino, liberal, guerrillero y un gran nacionalista, jamás hubiera permitido, mucho menos dar la orden de reclutar a los más peligrosos delincuentes y pandilleros, a quienes armaron de tubos, morteros y hasta fusiles de guerra para hacer una masacre indiscriminada en contra de nosotros que sólo protestábamos en contra del robo del siglo, como fue el fraude cometido en las recientes elecciones municipales.

Sólo Dios nos pudo proteger, pues nuestra gloriosa Policía sólo miraba, ah, claro, al igual que la de Somoza, obedecen órdenes del Comandante, pues no importa si éste es de izquierda o derecha, tirano es tirano.

Pese a ser hijo de un ex militar de la época de Somoza, con rango de Mayor, mis hermanos Mario, Frank y este su servidor, participamos en el derrocamiento del Dictador Somoza y su sistema represivo, corrupto y criminal. Mis hermanos cayeron por la Patria, pero en menos de 10 años el sandinismo hizo peores cosas que el somocismo, pues encarceló a muchos que lo apoyamos; persiguió a la Iglesia y hasta asesinó sólo por pensar diferente a ellos. Sin embargo, el pueblo perdió el miedo y de una forma cívica, el pueblo los castigó en 1990.

La reciente concentración del pasado martes 18 de noviembre fue todo un éxito, pues logramos entrar y salir, pese a que fuimos golpeados, heridos, macheteados, apuñalados, mortereados y algunos vehículos fueron destruidos.

Dijimos “¡NO!” al orteguismo y “¡SÍ!” a la democracia. Estoy seguro que dentro del FSLN aún hay revolucionarios de Sandino y les recuerdo a los orteguistas que el General Sandino, decía: “Mientras en Nicaragua hayan hombres que la amen, Nicaragua, será libre”.

Crisis electoral

De esta crisis electoral, en donde no hay voluntad ni legitimidad, los nicaragüenses debemos aprender una lección. Se está negando la apertura democrática imponiendo a la mayoría las decisiones de una minoría. Hoy se está aboliendo la libertad de expresión, de circulación y de manifestación; mañana serán las libertades económicas, y pasado mañana se nos quitarán todas las libertades individuales y todos nuestros derechos constitucionales, quedando a merced de un sistema totalitario y estatizado.

La indignación nacional y el valor de todo un pueblo es lo único que nos puede salvar.

Clamor de jóvenes

Es reconfortante saber que los jóvenes que integran la Coalición de Jóvenes de Nicaragua, animados de sano idealismo, se han organizado en 12 departamentos del país para defender sus derechos constitucionales y el respeto de sus derechos humanos de parte del régimen despótico de Ortega Saavedra.

Con sobrada razón están protestando contra el fraude masivo practicado en los pasados comicios municipales por la plana mayor del FSLN y sus cómplices en el Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, Emmett Lang, René Herrera Zúniga, José Marenco Cardenal y Luis Osuna. Los jóvenes demandan la destitución de éstos pero desgraciadamente el bloque de parlamentarios democráticos no puede reunir los 56 votos necesarios para hacerlo. Pero esperemos que reúnan los 47 para declarar la nulidad de los pasados comicios municipales y se convoque a un nuevo proceso electoral, con presencia de observadores nacionales e internacionales de reconocido prestigio y experiencia.

Ilegalidad y anarquía

Es muy triste la situación de crisis institucional que vive Nicaragua en estos momentos, con el doloso agravio de que simpatizantes del Gobierno y reconocidos funcionarios y consejeros del mismo, han propiciado sin rubor alguno lo que yo considero “el establecimiento del síndrome de la ilegalidad y la anarquía”. No debe negarse ni ocultarse que el ultraje, manipulación y violación a las leyes es constante. Incluso el reto y desafío a los acuerdos y soberanos compromisos a lo propio de las Relaciones Internacionales.

La ilegalidad y la anarquía nos están llevando lamentablemente a que nuestra Nicaragua sea señalada como un país inseguro y de poca credibilidad de los poderes del Estado, que tienen como obligación legal respaldar y fortalecer el Estado de Derecho. Es evidente que nuestro proceso eleccionario se ha manejado meses antes del día de las elecciones municipales y después de las mismas, con cálculo definido de parte del Consejo Supremo Electoral para culminar con un fraude que daña y enloda nuestra incipiente democracia y de paso lo que ordena y presenta lo que supone el valer de la Constitución Política y la armonía que debe primar entre los poderes del Estado.

Es tiempo de reflexión y haría un buen papel el Gobierno en estricto control legal, enfrentar con altura y dignidad la ilegalidad y la anarquía. Simpatizo como jurista y devoto de la legalidad con que se anulen las elecciones por viciadas y fraudulenta, lo que sería muy bien visto por los nicaragüenses amantes de la paz y la democracia, para que de una vez por todas resulte ganador o ganadores los que el pueblo —como gran elector— amplíe o ratifique su simpatía electoral por el o los candidatos que merezcan el voto que no debe ser nunca objeto de fraude.

Y que no olvide la Policía el rol que debe jugar en el resguardo del Orden Público, que merece a cada instante su preservación, pues tal orden público debe respaldarse cumpliendo con las leyes y reglamentos de la institución policial para la tranquilidad ciudadana y no dañar ni perjudicar los principios fundamentales de la sociedad que tiene como soporte las garantías constitucionales.

Finalmente y lo señalo y lo escribo con amor patrio, que el Gobierno cumpla a cabalidad lo que establece la Carta Democrática Interamericana (OEA), donde se instituye lo que debe ser y considerarse como transparencia de un proceso electoral. Y que existe a buen recaudo en los archivos de la OEA lo que se consideró en su momento como Declaración de Managua en 1993, en que es fundamental y vital la democracia y la paz que facilite el sistema democrático del Gobierno y también el alcance y ordeno de lo que dictan con firmeza los actos relativos a la democracia y las misiones de observación electoral contenidas en los Artos. 23 y 24 de la referida carta.

Populismo financiero

Ciudad de México (AIPE).— En México y casi todos los países latinoamericanos se han creado bancos gubernamentales, bajo la teórica finalidad de ayudar a los pobres. En su mayoría, esas instituciones generaron carteras vencidas, corrupción y provocaron el cierre del crédito de la banca privada a sectores de los campesinos. El Banco Ejidal y el Banco de Crédito Rural, entre otras instituciones gubernamentales para ayudar al campo, además de costarle al gobierno mexicano miles de millones de pesos, sembraron la cultura de no pagar, lo cual hizo que la banca privada diera la espalda al agro. Actualmente, apenas 2 por ciento de los créditos de la banca privada va al campo. La recesión en Estados Unidos tuvo su origen en populismo financiero. Gobierno y legisladores, bajo el objetivo teórico de proporcionar casas a los pobres y a la clase media, crearon las dos sociedades hipotecarias que desataron la actual crisis: Fannie Mae y Freddie Mac. Por mandato del Congreso norteamericano, ellas tienen que destinar más del 50 por ciento de sus recursos al financiamiento de hipotecas de sectores de bajos ingresos. Además, el Congreso les permitió operar con baja capitalización y un creciente número de hipotecas fue concedido a gente sin capacidad de pago. Se repite así lo ocurrido en varios países latinoamericanos.

El gobierno mexicano mantiene el pasivo de la deuda millonaria del Banco de Crédito Rural. La diferencia es que en México no revendieron los créditos, como sucedió en Estados Unidos, donde las deudas hipotecarias de alto riesgo se vendieron a otras instituciones financieras para poder otorgar más créditos. La crisis originada no resultó de mal funcionamiento de los mecanismos de mercado, sino de la intervención populista en el mercado financiero y la falta de supervisión a instituciones cuasi gubernamentales y privadas, que cometieron actos irresponsables y fraudulentos.