Un poco más de la mitad de los nicaragüenses apoyaría la aprobación de una ley que anule las cuestionadas votaciones del pasado 9 de noviembre y se convoque a nuevas elecciones, como proponen los diputados de la oposición, según revela una encuesta rápida de M&R Consultores, realizada el sábado 22 de noviembre.
La encuesta se efectuó en los sectores urbanos de la capital y las principales ciudades del país y, según ésta, la mayoría de los nicaragüenses desconfía de los resultados presentados por el Consejo Supremo Electoral (CSE), cree que este proceso ha debilitado la democracia y, por lo tanto, estima que los actuales magistrados del CSE deberían renunciar o ser destituidos.
Mañana martes se espera que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional conozca la iniciativa de ley para anular las elecciones municipales, respaldada por los cuatro diputados de la Alianza PLC que pertenecen a la directiva, en una reunión prevista con el presidente del parlamento, el sandinista René Núñez.
Aunque para los diputados sandinistas, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la misma tendencia, Rafael Solís, y el presidente Daniel Ortega, esta iniciativa de la oposición es inconstitucional y los diputados que la apoyen perderían su condición.
Pero los legisladores de la oposición no están solos. Según la encuesta, el 53.4 por ciento de los nicaragüenses apoya la iniciativa para la anulación de las elecciones y su nueva convocatoria en “un lapso de tiempo prudencial”. Sólo un 43.1 por ciento de la población afirmó en la encuesta que no apoya la propuesta y un 3.5 por ciento de los consultados prefirió no opinar al respecto.
El estudio precisa que entre quienes respaldan la iniciativa están nueve de cada diez encuestados que se identificaron con la opositora Alianza PLC y uno de cada diez simpatizantes del partido de Gobierno, el FSLN.
La propuesta también tiene eco entre los encuestados que se definieron como independientes. El 53.6 por ciento de este grupo de los encuestados aseguró que apoya la iniciativa parlamentaria y un 39.7 por ciento dijo que no lo hace. El 6.7 por ciento de este grupo no respondió.
NO CREEN EN RESULTADOS PRESENTADOS POR EL CSE
El jueves por la noche, el Consejo Supremo Electoral se adelantó a la proclamación de electos, prevista para el 12 de diciembre, y adjudicó 105 alcaldías al Frente Sandinista, 37 a la Alianza PLC y 4 a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), para el total de 146 municipios que eligieron sus autoridades en las votaciones ocurridas el segundo domingo de este mes.
Sin embargo, la opositora Alianza PLC ha denunciado un conjunto de irregularidades que deslegitiman el proceso electoral y sus resultados que califican como “fraudulentos”.
Como prueba del fraude la oposición cita que sólo entre los resultados de Managua —que es una de las más de treinta alcaldías que reclaman— el CSE desapareció los resultados de 644 de las 2,107 mesas electorales que funcionaron en la capital y alteró los resultados de otras 22, porque en todas éstas los votos favorecían al candidato liberal Eduardo Montealegre y no al sandinista Alexis Argüello.
Estas denuncias y reclamos han sido calificados por el Gobierno y sus funcionarios como un plan de desestabilización. Pero la mayoría de la población sí desconfía de los resultados.
La firma encuestadora preguntó a los nicaragüenses si creían en lo resultados anunciados por el CSE y el 62.7 por ciento respondió que no cree en éstos, frente al 35.2 por ciento que dijo que sí lo hacía y un 2.1 por ciento que no respondió.
En el interior del país, la tendencia de la desconfianza se mantuvo. Un 62.6 por ciento de los ciudadanos encuestados en las principales ciudades del país respondió que no cree en los resultados publicados por el tribunal y sólo un 35.1 por ciento dijo que sí cree en ellos. Un 2.4 de éstos prefirió no opinar.
Esta desconfianza también la comparten uno de cada diez simpatizantes sandinistas consultados en el estudio. Pero el sentimiento es más alto entre los simpatizantes de la Alianza PLC (95.4 por ciento) y los independientes (72.8 por ciento).
La firma también preguntó a los ciudadanos qué sentimientos les producían los resultados del CSE. Un 54.7 por ciento respondió que le producía tristeza y sólo un 26.6 por ciento dijo que le producía alegría. Un 18.7 por ciento no supo o no respondió qué sentimiento le provocaba.
DEMOCRACIA DEBILITADA
El 62.8 por ciento de los nicaragüenses opinó que con este proceso electoral “la democracia está siendo debilitada”. En cambio, un 30.3 por ciento dijo que “con éste la democracia está siendo fortalecida”. Otro siete por ciento de los encuestados no reveló su opinión.
En ese sentido, también la mayoría desaprobó que el Consejo Supremo Electoral no haya permitido la participación de los observadores electorales independientes en los comicios.
El 66.9 por ciento de los encuestados aseguró que desaprueba la no acreditación de los observadores, frente a un 22.8 por ciento que dijo que sí lo aprobaba; un 6.8 por ciento respondió que no lo aprobada ni desaprobaba y un 3.6 por ciento no respondió.
Los simpatizantes del partido de Gobierno también desaprobaron la decisión del Consejo en contra de los observadores. Un 26.8 por ciento rechazó la no acreditación, mientras un 58 por ciento lo celebró; un 9.8 por ciento dijo que no lo aprobada ni desaprobaba y otro 5.4 por ciento no opinó al respecto.
QUE RENUNCIEN O LOS DESTITUYAN
Los sentimientos de tristeza y desconfianza por los resultados electorales y la opinión mayoritaria de que el cuestionado proceso electoral ha debilitado la democracia nicaragüense motivaron en la mayoría la opinión de que los magistrados electorales fallaron a su responsabilidad de organizar las elecciones y garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
El 59.8 por ciento de los nicaragüenses opinó que los magistrados fueron irresponsables y deben de renunciar o ser destituidos de sus cargos.
Un 34.1 por ciento de los encuestados opinó que los funcionarios electorales “han hecho un buen trabajo y por lo tanto deben permanecer en sus cargos” y un 6.1 por ciento de los encuestados no supo qué responder a esa pregunta.
El CSE está integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes. Cinco de esos magistrados son de tendencia sandinista, incluyendo a su presidente Roberto Rivas, que antes fue de tendencia liberal, pero ahora es cercano al mandatario Daniel Ortega.
Los otros son: el vicepresidente Emmett Lang y los propietarios José Luis Villavicencio, Miguel Córdoba y la suplente Marisol Castillo.
Los propietarios René Herrera, José Marenco y el suplente Julio Osuna fueron expulsados el viernes del PLC por respaldar los resultados del CSE, y a ese partido ahora sólo pertenecería el propietario Luis Benavides, quien ha declarado públicamente que el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades y que los resultados electorales presentados por el CSE no son creíbles.
